Imputan a Alberto Fernández por contrataciones de seguros estatales a través de un broker amigo
El expresidente Alberto Fernández, junto a su amigo y broker Héctor Martínez Sosa, enfrenta una imputación por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos en relación con contratos de seguros en el Estado. La denuncia, presentada por la abogada Silvina Martínez, señala la utilización de Nación Seguros y un esquema con comisiones millonarias.
Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, han sido imputados por el fiscal Ramiro González en respuesta a una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez. La imputación se centra en la presunta comisión de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
La denuncia, que inicialmente recayó en el juzgado 11 a cargo del juez federal Julián Ercolini, fue presentada en relación con contratos de seguros en el Estado argentino. Según el expediente al que accedió LA NACION, el fiscal González ha solicitado información a la Jefatura de Gabinete, específicamente relacionada con el decreto 823/21, que instaba a las entidades públicas a contratar con Nación Seguros.
La práctica en cuestión habría comenzado en 2021 y fue objeto de cuestionamientos por parte del exjefe de Anses, Osvaldo Giordano, quien solicitó una investigación sobre los contratos con Nación Seguros. En 2021, Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales fueran canalizados a través de Nación Seguros, implicando la contratación de un broker y empresas privadas.
La denuncia de Silvina Martínez se basa en una nota de Clarín que expone un negocio millonario, involucrando cifras de hasta 20.000 millones de pesos anuales y comisiones mensuales de 300 millones en relación con seguros e intermediarios. La práctica, según la denuncia, involucra a Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
La abogada denunciante sugiere que esta práctica podría haberse extendido a otras dependencias estatales, mencionando específicamente al Ministerio de Seguridad durante la presidencia de Alberto Fernández. Además, destaca la cláusula en los convenios que permitiría el nombramiento de intermediarios, lo que podría haber permitido negociados.
Alberto Fernández, quien regresó a Argentina la semana pasada después de dos meses en España, enfrenta ahora un nuevo frente legal en los tribunales federales, al tiempo que lidia con presiones internas relacionadas con la presidencia del PJ Nacional.
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