Buscan prorrogar la ley que suspende los desalojos de comunidades indígenas

El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria en la que también se debatirá una iniciativa que busca eximir del pago del impuesto de Bienes Personales a un mayor número de contribuyentes.

En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, y  la última sesión antes de las elecciones, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora Nora Giménez (Frente de Todos-Salta) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.

En una reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de los bloques parlamentarios acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre.

La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzarían a desarrollarse.

La iniciativa establece el congelamiento de todos los desalojos y de los procesos judiciales en curso por las tierras ocupadas por comunidades aborígenes hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluya el relevamiento técnico y catastral de los predios en disputa, tarea prevista inicialmente en cuatro años y que ya lleva 15 años sin completarse.

El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 millones de pesos.

"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló Giménez durante el debate en comisión.

Agregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que "actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1.700".

Los violentos incidentes registrados en el sur, sobre todo en Río Negro, con sectores radicalizados mapuches promete instalar cierto nivel de polémica en el recinto de la Cámara alta cuando se discuta el tema.

Además, la emergencia misma genera fuertes rispideces en el Congreso. Para amplios sectores de la oposición, detrás de muchas ocupaciones hay sectores políticos vinculados con el kirchnerismo. Por lo pronto, la bancada de Juntos por el Cambio dará libertad de acción, ya que los senadores de las provincias del norte apoyarán la prórroga.

Fuente: Con información de La Nación y Télam