Fallo por YPF: cómo sigue el proceso tras el cierre del caso

Quedó firme el fallo dictado en la justicia de los Estados Unidos por la expropiación de YPF. Obliga a la Argentina a desembolsar una suma multimillonaria al fondo de inversión Burford que había comprado ese litigio por la expropiación desigual de las acciones de la compañía. 

La jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que el país deberá pagar US$16.099 millones por la decisión que en su momento tomaron Cristina Fernández de Kirchner y quien por entonces era su ministro de Economía, Axel Kicillof.

Se abre ahora un horizonte complejo de presiones y demoras, pero pase lo que pase, Burford sabe que tiene las de ganar y, pese a la intención obligatoria de apelación por parte de los abogados que representan al país del estudio Sullivan y Cromwell (S&C), se considera en Wall Street (y Londres, el lugar de nacimiento del fondo buitre vencedor) que la victoria judicial está sellada y que cobrar será cuestión de esperar algunos años más. Haber comprado un juicio a 35 millones de dólares para cobrar finalmente aproximadamente U$S 14.000 millones (lo que le corresponde a Burford en la causa), es un formidable negocio.

Tal como contó este medio en marzo pasado, el fallo de Loreta Preska es claro. Especialmente al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

El fallo por la estatización de YPF complica al país

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional, al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF, y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios; fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la bolsa de comercio de los Estados Unidos; al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Y ninguna legislación particular de cada Estado independiente y soberano, tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.

En consecuencia para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores. Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment.

El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el quién deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo. Preska no determina el monto a pagar, invitando a las partes a un acuerdo directo y negociado entre Argentina y los dos fondos acreedores, algo que obviamente no llegará a buen puerto. Lo que sucederá es que llegado un plazo determinado, la jueza determinará que no hubo acuerdo entre las partes, dejará en firme el fallo contrario al país, probablemente determine un monto a pagar (que no será menor a los U$S 8000 millones) y, finalmente, Argentina fallará. Se estima que se abrirá luego un proceso de no menos de cuatro años, que seguramente terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Para llegar a estas conclusiones, Preska se tomó su tiempo. Y demostró que no es una improvisada y que se trata de una persona profesional y seria. Concretamente 11 años demandó en sacar sus conclusiones. Pero con una característica que la propia jueza menciona en su fallo: decidió tomar un curso de aproximadamente 1 año para entender la legislación local, consultando con el mayor sigilo del caso a constitucionalistas argentinos y especialistas latinoamericanos en derecho constitucional comparado, para saber la manera en que legalmente se había avanzado en la nacionalización de YPF, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación. 

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park e incluyen una potencial indemnización a los demandantes por entre 7000 y 19.000 millones de dólares, a partir del reclamo de los fondos Burford y Eton, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.

El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quienes son los socios de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, cuando Argentina pague,  miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford ya había vendido a estos accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones en junio de 2017; tres años después de haberlo adquirido en nos 35 millones de dólares en los tribunales madrileños donde se llevaba adelante el concurso de petersen Energía y Petersen Inversora. En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos U$S 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de U$S 3.000 millones. Con esos 66 millones de dólares de venta del 15% de la causa a los misteriosos accionistas de la causa, Burford Capital puedo solventar todos los gastos de la causa, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York. Si la justicia de los Estados Unidos mantuviera el fallo contra el país y sostuviera que el monto a pagar fuera de U$S 16.000 millones, la ganancia de Burford entre la compra de la causa y el cobro final treparía al 45.000% en algo más de 9 años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. Notable.

Burford no es en realidad experto en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso.

Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado, es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013; con lo que pudo esperar una definición de 10 años.

El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

Según comenta el especialista Sebastián Maril, “Burford tiene derecho al 70% de una posible sentencia favorable en el caso de YPF por el cual pagó u$s15 millones más los gastos. Burford estima que el valor del caso de YPF es de u$s800 millones y ya ha realizado transacciones en el mercado secundario por una ganancia de u$s121 millones. Al 30 de junio de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por u$s136 millones”. Para todos será un gran negocio, en el caso que la Corte Suprema de EE.UU. vuelque la balanza a favor de los litigantes. El fallo global podría llegar a los 2.000 millones de dólares de capital original, más los intereses que fije el tribunal primario más los gastos generados por toda la causa. De ahpi surge la especulación final de una causa por U$S 16.000 millones finales.

Los dólares irían en su mayoría a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos de los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Sólo por pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. Dependería de los tribunales locales.

El Grupo Petersen quedó ahora formalmente absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que el gran misterio (por ahora) de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagar el país. Tampoco YPF como empresa es responsable de las consecuencias del juicio, tal como lo dejó expreso Preska en su fallo de marzo pasado. Así, la petrolera y sus activos en todo el mundo (incluyendo en los Estados Unidos), están a salvo de embargos y otras acciones penales. No se sabe aún si esto alcanza también a los bienes expuestos de la Nación ante el mundo. Una historia que el país ya conoce de cerca, cuando desde el tribunal de Thomas Griesa se inició una cacería mundial de bienes argentinos para ser embargados a nombre del fondo buitre Elliot de Paul Singer. Un demandante que, al lado de Burford, se quedó corto.

MDZ