Javier Milei oficializó la nueva estructura del INTA y otros organismos con un megadecreto y ahora toca mover al Senado

El Gobierno nacional oficializó este lunes una amplia reestructuración administrativa con la publicación de un megadecreto que estableció nuevas estructuras y funciones dentro de la órbita del Ministerio de Economía, reorganizando competencias en Transporte, Agricultura, Industria y Comercio. Sin embargo, el Senado podría tener la última palabra y rechazar algunos de los decretos, como por ejemplo el vinculado alINTA.

Un megadecreto para ganarle la carrera al Senado

La extensa medida busca reforzar el Decreto 462/2025, que había dispuesto la intervención total del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y otros organismos autárquicos para eliminar su independencia y concentrar sus funciones dentro del Ministerio de Economía. Así, la nueva normativa definió las nuevas estructuras, cuyas autoridades podrán ser elegidas discrecionalmente por la cartera que dirige Luis Caputo.

El momento no es casual, al contrario. Busca adelantarse a un posible revés en el Senado, que podría sesionar este jueves para terminar de derribar los Decretos de Necesidad y Urgencia que diez días atrás fueron rechazados por la Cámara de Diputados. Entre ellos, el 462 que dispuso la intervención del INTA, el INTI, el INASE, el INV, el Instituto de Agricultura Familiar y otros organismos descentralizados.

El Gobierno ya anticipó que en caso de sufrir una nueva derrota en el Congreso, recurrirá a la Justicia. Pero si el oficialismo logra sostener los decretos, el nuevo decreto llevará adelante un nuevo esquema de organización para el INTA y otros organismos, que habrán perdido su autonomía política.

Los cambios en el INTA

Con los cambios vigentes, el actual titular del INTA, Nicolás Bronzovich, que pasó a ser quien tenga el poder de decisión por sobre el Consejo Directivo, el ente que antes compartía la conducción con las entidades de la Mesa de Enlace, los grupos CREA y las universidades, y la Dirección Nacional del INTA, conformada por la propia burocracia de ese organismo técnico.

Así, el decreto dispuso la eliminación de todas las estructuras administrativas de orden nacional y de algunas estructuras estratégicas, mientras que no se especifica quienes ocuparán las conducciones de las nuevas estructuras creadas ni cómo se establecerán circuitos de funcionamiento.

En su artículo 25, el Decreto 585/25 faculta al ministro a modificar la estructura organizativa del INTA, habilitando cualquier modificación en todos los órdenes, incluidos Centros Regionales y Centros de Investigación, con la previa intervención del Ministerio de Desregulación y Transformación. Entre las estructuras eliminadas, se confirmó la desaparición del Centro de Investigaciones para la Agricultura Familiar (CIPAF) y todos sus Institutos en cada región.

El artículo 24 mantiene la vigencia de las unidades organizativas de nivel inferior al primer nivel operativo que habían sido aprobadas en 2019, a excepción de un largo listado de dependencias que fueron directamente eliminadas por decisión del gobierno. Estas son las áreas que se dedicaban a la administración y gestión cotidiana en el INTA, y cuyos funcionarios ahora ya no requerirán de una elección por concurso sino que serán elegidos a dedo por el Ministerio de Economía. En ese marco también se ratificó la supresión de la Regional AMBA y todas sus estaciones experimentales ubicabas en varios partidos del conurbano bonaerense.

Otros organismos afectados

El decreto 585/25 también concretó la creación de nuevas agencias descentralizadas, como la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplazan a la extinta Junta de Seguridad en el Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, respectivamente. A su vez, formalizó la estructura de la recientemente creada Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

Entre las decisiones de mayor impacto, se confirmó la disolución de organismos como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Las funciones de estos entes serán absorbidas por distintas secretarías del Ministerio de Economía.

El decreto también estableció la transferencia de direcciones y funciones operativas desde los entes disueltos hacia nuevas estructuras. Por ejemplo, la Dirección de Registro de Variedades y la Dirección de Fiscalización del ex-INASE pasan a depender de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En Transporte, áreas como la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito se transfieren desde la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además del INTA, se redefinieron el ámbito de acción de instituciones como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), los cuales pasarán a funcionar como organismos desconcentrados bajo dependencia directa de las secretarías específicas dentro de la cartera que comanda Luis Caputo.

Al igual que ocurrió en el caso del instituto de Tecnología Agraria, la medida también aprobó nuevas estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo para el INV, el INPI, el INTA, la Dirección Nacional de Semillas y las nuevas agencias de aviación y transporte. La norma contempla la continuidad de algunas unidades organizativas existentes, salvo aquellas expresamente derogadas.

Algunas disposiciones del decreto quedan exceptuadas en virtud de medidas cautelares dictadas por la Justicia, como en los casos de la Dirección Nacional de Vialidad y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuyos procesos de transformación quedan en suspenso.

La adecuación también impacta en los objetivos institucionales de diversas secretarías, incluyendo modificaciones específicas en Agricultura, Industria y Comercio, Hacienda y Transporte, así como la incorporación de nuevas funciones relacionadas con la regulación del cáñamo industrial.

El Poder Ejecutivo señala que los ajustes no implican un incremento presupuestario y se faculta a titulares de organismos a realizar modificaciones internas, en coordinación con áreas de diseño organizacional, respetando los límites operativos vigentes.