Juicio por YPF: el Gobierno insistió con que Argentina no entregará las acciones de la petrolera
Los abogados del Estado presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska para replicarle a los fondos beneficiarios del fallo que ordenó otorgar el 51% de las acciones de YPF.
El Estado nacional le contestó este miércoles a los fondos beneficiarios de la sentencia por YPF que habían rechazado la solicitud de la Argentina de suspender el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que había ordenado la entrega del 51% de las acciones de la petrolera como parte de pago de la condena por más de US$16 mil millones.
El reclamo de los fondos buitre
La réplica de los abogados del Estado argentino llegó luego de que los fondos Burford Capital y Eton Park, los dos litigantes en el caso YPF, y Bainbridge, otro fondo que demandó al país en el marco de otra causa por bonos de deuda en default, le solicitaran a Preska rechazar el pedido de Argentina de suspender la entrega de acciones de la petrolera con el argumento de que el país "ha abusado durante una década de la justicia norteamericana".
Además, los fondos consideraron improbable que Argentina gane la apelación que presentó y mencionaron los proyectos presentados en el Congreso nacional para ratificar la imposibilidad de entregar el control de la compañía. También incluyeron una transcripción traducida de la conferencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde este apunta contra la jueza neoyorquina.
Los argumentos de Argentina
En ese sentido, los abogados argentinos que integran la Procuración del Tesoro presentaron dos escritos ante la Justicia de Nueva York donde volvieron a remarcar que cumplir el fallo iría en contra de las propias leyes del país, al forzar la pérdida del control de la petrolera. Además, sostuvieron que una entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros, como a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos.
Para la defensa nacional, el caso por la estatización de YPF no se trata de una "disputa comercial ordinaria", sino que representa un asunto "sin precedentes, con un fallo de US$16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejos, sobre las cuales incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal". En ese marco, los letrados subrayaron que la medida, señalada como "imposible de cumplir", generaría un "daño irreparable" donde la Argentina se vería obligada "a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible".
El foco de la estrategia del Estado nacional está puesto en que "la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa", además de argumentar que los demandantes no alcanzaron a demostrar el perjuicio que supondría suspender la entrega de acciones. A la par, remarcaron que la entrega inmediata de las acciones podría afectar a terceros no involucrados de forma directa en la disputa y activar "cláusulas contractuales adversas para YPF". Por eso, el Gobierno destacó la importancia de mantener el statu quo a favor del interés público.
Las próximas apelaciones por YPF
En paralelo, el Gobierno también contestó la presentación del fondo Bainbridge, que también reclama la entrega de acciones de YPF como parte del pago de US$95 millones por el juicio que ese fondo de inversión inició en 2016 y que cuenta con sentencia a su favor por la deuda en default de principios de siglo. Allí, la Argentina volvió a argumentar la "necesidad de evitar la violación del derecho argentino", ya que transferir las acciones de YPF violaría la Ley N° 26.741 que estatizó la compañía en 2012.
A su vez, la Argentina subrayó la "probabilidad de éxito en la apelación por falta de precedentes claros" y señaló que no existe jurisprudencia que avale ejecutar bienes que de otro estado trasladándolos a Estados Unidos como sugiere la orden de Preska, lo que incrementa la posibilidad de que un tribunal de apelación adopte un enfoque distinto. En paralelo, al igual que en el caso de Burford y Eton Park, sostuvieron que el demandante no demuestra perjuicio concreto por la suspensión solicitada, la cual "permitiría litigar de forma ordenada cuestiones legales relevantes, especialmente considerando que el fallo podría quedar satisfecho por otras vías".
Por último, desde la Procuración del Tesoro aseguraron que se encuentran trabajando para presentar en los próximos días la apelación de la orden del turnover y el pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, si este no fuera otorgado por la jueza Preska. "Este Gobierno continuará defendiendo la soberanía nacional hasta la última consecuencia, como no han hecho quienes nos trajeron hasta acá", sentenciaron desde el organismo.
