La Corte manejará $684.990 millones en bienes decomisados a Cristina Kirchner
La Corte Suprema de Justicia asumirá la administración y futura subasta de los bienes decomisados a Cristina Fernández de Kirchner, tras la decisión comunicada el martes 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2 en Buenos Aires. La medida incluye 122 inmuebles y activos vinculados a la ex presidenta y otros condenados, valuados en $684.990 millones.
La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar los bienes decomisados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes del ámbito judicial. La medida se desprende de la resolución del Tribunal Oral Federal 2, que este martes 18 de noviembre ordenó ejecutar el decomiso ante el incumplimiento de los condenados.
El fallo, cuya sentencia original data de diciembre de 2022 y fue ratificada en junio pasado, abarca 122 bienes identificados como instrumentos o productos del delito. Entre ellos se encuentran propiedades en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un decomiso millonario que será ejecutado mediante subastas
El monto inicial del decomiso había sido fijado en $84.835 millones, pero peritos contadores actualizaron la cifra a $684.990 millones bajo criterios técnicos validados por la propia Corte Suprema. El tribunal dispuso avanzar con la venta de los activos debido a que los condenados no cumplieron con el pago correspondiente.
"Se ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los bienes identificados", precisaron voceros judiciales. Entre los activos se encuentran propiedades de Lázaro Báez y empresas asociadas a su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
Bienes de la ex mandataria y de sus hijos entre los activos alcanzados
El proceso también alcanza bienes registrados a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otros cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Se incluyen terrenos, hoteles y departamentos que formaron parte de las maniobras investigadas entre 2003 y 2015.
La Corte ahora deberá administrar el conjunto del patrimonio decomisado y conducir los mecanismos de liquidación para que los montos resultantes ingresen al Estado según lo determina la ley.

