La Justicia aceptó un amparo y frena el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
El Juzgado Federal N°2 de San Martín dio curso a un amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, contra el decreto de Javier Milei que ordena el cierre del organismo. La demanda advierte que eliminar la agencia agravará la crisis vial y pone en riesgo miles de vidas.
La Justicia federal de San Martín dio curso al recurso de amparo presentado por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, con el que busca frenar la disolución del organismo dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. La presentación sostiene que la medida representa un retroceso peligroso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
La causa recayó en el Juzgado Federal N°2 de San Martín, el mismo que a mediados de julio ya había otorgado una medida cautelar favorable a una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que frenó por seis meses la reestructuración del área de transporte.
Con el patrocinio legal del abogado Federico Paruolo, Martínez Carignano solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial, por entender que viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos.
"Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre", publicó Carignano en la red social X. En su presentación, advirtió que la eliminación de la ANSV "multiplicará las muertes viales", debilitará la coordinación federal del tránsito y desmantelará una política pública que ha salvado miles de vidas desde su creación.
El exfuncionario recordó que la ANSV fue reconocida por organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y que desde su implementación logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales. Además, destacó que la agencia tenía presencia en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El decreto, que lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también contempla el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, en lo que el Gobierno presenta como parte de su plan de reestructuración del Estado.
Sin embargo, los críticos del decreto advierten que su aplicación deja desprotegida a la población frente a un flagelo que, año tras año, se cobra más de 5.000 vidas en el país. Solo en la última semana de julio, al menos 10 personas fallecieron en distintos accidentes ocurridos en rutas de Río Negro y Santa Fe.
En paralelo, el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Sergio Ruppel, advirtió que las rutas argentinas están en «emergencia total», y cuestionó cualquier intento del Estado de abandonar sus responsabilidades en zonas con baja densidad poblacional. "Hay lugares donde el retorno de inversión no justifica la presencia privada, y el Estado no puede desentenderse", sostuvo.
La jueza Martina Forns, que ya resolvió en favor de los trabajadores viales semanas atrás, tiene ahora en sus manos la decisión de otorgar o no la medida cautelar solicitada por Carignano para suspender los efectos del decreto hasta que se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión.
De prosperar, la medida podría detener el desmantelamiento de la ANSV y abrir un debate más amplio sobre el rol del Estado en la prevención de siniestros viales, en un país donde los hechos de tránsito constituyen la principal causa de muerte en menores de 35 años.