La Justicia endureció los embargos: los nuevos montos para Cristina, Máximo, Florencia y Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 5 decidió actualizar los embargos en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga presuntas maniobras de lavado de activos mediante empresas vinculadas a la familia Kirchner.

La resolución establece un fuerte incremento de los montos iniciales, fijados hace más de siete años, con el argumento de que la inflación y la depreciación del peso los habían vuelto insuficientes para garantizar una eventual condena.

La jueza Adriana Palliotti lo explicó así: "Es deber del Tribunal disponer de los medios necesarios para asegurar que el monto fijado en calidad de embargo sea suficiente".

Detalle de los nuevos embargos

Con la actualización realizada por el TOF 5, los montos quedaron fijados de la siguiente manera:

• Cristina Fernández de Kirchner: de $110 millones a $492.508.275,33.

• Máximo Kirchner: de $130 millones a $582.055.234,48.

• Florencia Kirchner: señalada como partícipe secundaria, no recibió embargo de la magnitud de sus familiares.

• Lázaro Báez: de $110 millones a $492.508.275,33.

• Cristóbal López: de $130 millones a $582.055.234,48.

• Inmobiliaria Los Sauces SA: de $673 millones a $3.013.255.175,40.

• Empresas de Báez (Valle Mitre, Loscalzos y Del Curto, Kank & Costilla): de $237 millones a $1.061.131.465,93.

En total, las nuevas medidas superan holgadamente los valores originales, multiplicando en algunos casos por más de tres los montos fijados en 2017.

El trasfondo y vínculos con Vialidad

La causa Hotesur-Los Sauces sostiene que las sociedades funcionaron como "pantallas societarias" para canalizar fondos provenientes de la obra pública adjudicada a Lázaro Báez. Según la acusación, hasta 2015 Los Sauces habría movido operaciones por más de $30 millones y Hotesur por unos $80 millones.

El expediente está directamente ligado a la causa Vialidad, donde la justicia determinó que los sobreprecios en las obras públicas retornaban a la familia Kirchner mediante contratos y alquileres de sus empresas. Esa sentencia fue confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio pasado.

El juez Nicolás Toselli defendió el criterio de actualización basado en la tasa pasiva promedio del Banco Nación y no en el dólar MEP, como reclamaba la fiscalía. "Ese índice contempla la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y cumple una función reparadora", sostuvo.

De este modo, los embargos actualizados buscan asegurar que, en caso de condena, la justicia disponga de respaldo económico suficiente para ejecutar decomisos y cubrir los costos del proceso. (IProfesional)