La Justicia frena nuevamente el plan oficial sobre el Banco Nación

El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que mantiene suspendido el Decreto N°116/2025, con el que el presidente Javier Milei buscaba transformar al histórico Banco Nación (BNA) en una sociedad anónima.

La decisión, conocida en las últimas horas, representa otro traspié judicial para el Gobierno. El magistrado sostuvo que se mantienen las condiciones jurídicas y fácticas que justificaron la cautelar inicial en marzo pasado y que no hubo maniobras dilatorias por parte de los trabajadores que promovieron la acción. En su resolución, Ramos Padilla fue categórico: "Los efectos del decreto presidencial quedan congelados".

Un límite judicial al poder presidencial

La medida no aparece aislada. La Cámara Federal ya había respaldado meses atrás la suspensión, con un fallo que marcó un precedente: el Congreso excluyó expresamente al Banco Nación de la lista de entidades alcanzadas por la Ley Bases.

Ese punto resultó clave tanto para los jueces de alzada como para Ramos Padilla, que volvió a remarcar que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar por decreto la naturaleza jurídica del BNA. "No existe delegación legislativa suficiente que habilite un cambio estructural de semejante magnitud", fundamentó el juez.

Los trabajadores del BNA, protagonistas de la disputa

El reclamo judicial fue impulsado por empleados del Banco Nación, acompañados por la Asociación Bancaria, que nuclea a más de 17.000 afiliados en todo el país. El gremio se presentó como amicus curiae y reforzó la legitimidad de la demanda.

Los jueces advirtieron que la transformación proyectada "afecta de manera directa los derechos laborales y el vínculo jurídico de los trabajadores", quienes dejarían de pertenecer a una entidad autárquica de derecho público para pasar a un régimen privado.

El fallo golpea la hoja de ruta del Gobierno, que había presentado la transformación del BNA como parte de un plan de achicamiento del Estado y capitalización de activos públicos. Por ahora, el Banco Nación seguirá funcionando bajo su régimen actual, mientras crece la presión política y sindical que celebra una victoria contra lo que consideran "una privatización encubierta".