La Justicia frena obras en ex centro clandestino de detención en Mar del Plata
La Justicia Federal ordenó la suspensión de las obras de construcción de un bar en un predio que fue usado como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura en Mar del Plata. La medida, que regirá hasta el 8 de abril, busca evitar la privatización y proteger el valor histórico del sitio. Sobrevivientes y organismos de derechos humanos habían presentado denuncias contra el proyecto.
La Justicia federal dictó una medida cautelar que detiene las obras de un bar proyectado en el predio de la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), en Mar del Plata, sitio que durante la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención y tortura.
La resolución ordena la suspensión de las obras hasta el 8 de abril de 2026, en el marco de un expediente que analiza la legalidad de la privatización parcial del terreno, incluyendo actividades comerciales previstas como la instalación del bar.
El proyecto inmobiliario había sido promovido por la gestión del entonces intendente Guillermo Montenegro y generó quejas de sobrevivientes del terrorismo de Estado y de organismos de Derechos Humanos, quienes sostienen que el espacio debe preservarse como lugar de memoria y no ser utilizado para fines lucrativos o de entretenimiento.
La ex ESIM formó parte de una red de centros clandestinos de detención durante la dictadura -entre 1976 y 1983- y albergó a personas secuestradas por su militancia politique o social, quienes fueron sometidas a torturas en instalaciones que incluían salas subterráneas y edificios del predio.
Organizaciones de derechos humanos habían denunciado en tribunales que permitir la construcción de un bar en ese predio implicaría una privatización del lugar histórico, argumento que fue valorado por Alejandro Tazza y Pablo Jiménez, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, además, pidieron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, querellante en la causa, que aporte más elementos para demostrar que, de continuar las obras, se perderían pruebas de violaciones a los DDHH.
La medida judicial se enmarca en una serie de reclamos similares en distintos puntos del país, donde espacios que funcionaron como centros clandestinos de detención abrieron debate sobre su uso, preservación y el rol de la memoria histórica en el ámbito público y privado (Fuente: Página12/El Diario Nuevo Día).
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