La Justicia se prepara para enviar a juicio a dirigentes del Polo Obrero

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el acuerdo de reparación integral propuesto por Leandro Gastón Kebleris, uno de los procesados en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos del Plan Potenciar Trabajo. La decisión deja el expediente en condiciones de ser elevado a juicio oral y complica aún más la situación judicial de dirigentes vinculados al Polo Obrero.

Kebleris está acusado, junto a Anahí Rivero, de haber puesto a disposición de esa organización y de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la empresa Coxtex S.A., considerada por la fiscalía como una "usina de facturación apócrifa". Según la investigación, la firma no tenía capacidad operativa real y emitió, en octubre de 2021, dos facturas por un total de 5.459.418 pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social.

El ofrecimiento del imputado consistía en el pago de 87.963.534 pesos, con una transferencia inicial de más de 14 millones ya embargados y el resto en doce cuotas. Sin embargo, tanto la fiscalía como los organismos querellantes -la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera- se opusieron de manera unánime. Para el Ministerio Público, "no resulta admisible fragmentar la valoración del daño ni abordarlo aisladamente respecto de un solo interviniente".

Casanello sostuvo que los delitos contra la administración pública no pueden resolverse mediante acuerdos privados y rechazó incluso convocar a una audiencia para analizar la propuesta. Según el magistrado, avanzar en ese sentido "podría entorpecer el trámite de las actuaciones", que actualmente se encuentran en manos del Tribunal Oral Federal N°8, donde será juzgado el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otras 15 personas.

En ese marco, el juez quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio presentado por la fiscalía. Los investigadores consideran que Kebleris y Rivero fueron piezas clave dentro de un entramado que funcionó durante casi cuatro años, utilizando empresas sin actividad real para simular compras inexistentes y justificar rendiciones formales.

Además de Coxtex S.A., la causa menciona a otras firmas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint y Miniso Trade, todas señaladas por emitir documentación falsa. De acuerdo con la acusación, este circuito permitió ocultar desvíos millonarios de fondos que debían destinarse a proyectos socioproductivos y que habrían sido utilizados para actividades de militancia, campañas electorales y gastos corrientes del Polo Obrero.