La respuesta del Gobierno a la Marcha Federal Universitaria: "La ley nació muerta"

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria- que congregó ciento de miles de personas en todo el país - el Gobierno volvió a responder una vez más a los reclamos de la comunidad educativa por la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso. En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sentenció: "La ley nació muerta".

La movilización del pasado martes fue la cuarta que realiza la comunidad educativa bajo el gobierno libertario. Si bien el acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, el reclamo se extendió a otros centros urbanos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata, Corrientes y Resistencia, entre otras ciudades.

"Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario", sentenció el documento leído en el acto central en Plaza de Mayo.

La respuesta del Gobierno a la cuarta Marcha Federal Universitaria

La gestión de Milei observó de cerca cómo se desenvolvía el reclamo educativo en todo el país. En este escenario, Álvarez fue la cara elegida - junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello - para dar la discusión en el debate público y justificar la decisión del Gobierno de no aplicar la ley.

Este miércoles, en diálogo con radio Mitre, el subsecretario de Políticas Universitarias analizó: "La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores".

En ese sentido, volvió a justificar la decisión del Gobierno que se ampara en la defensa del superávit fiscal: "La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario".

"La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto", ahondó el funcionario.

En referencia al alcance de la manifestación, Álvarez precisó: "De números no hablamos... Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso".

"Este es un sistema democrático en donde hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen. No hay ninguna evaluación: el número es relativo", agregó.

Parte del reclamo del sector universitario es - justamente - el incumplimiento a la hora de aplicar la ley que fuera aprobada (y ratificada luego del veto presidencial) por el Poder Legislativo. Desde el Gobierno, esperan la definición de la Justicia, luego de que la Cámara de Apelaciones concediera un recurso extraordinario para frenar la cautelar y estirar el plazo de definición y promulgación hasta tanto se expida la Corte Suprema.

En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias abrió el debate a otras alternativas que ofrecieron desde la Casa Rosada, como arancelar el acceso a la educación para ciertos estudiantes: "Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos. Nosotros podemos autorizar, por ejemplo, está autorizado cobrar a los extranjeros y la universidad no lo hace".

"A pesar de que en algunas carreras es significativo el número de extranjeros, ellos hablan del 4 por ciento, el 3 por ciento, confundiendo el tema de residencias, de DNI. Es una persona que viene a estudiar acá y luego se va del país. La Argentina es un país abierto: la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino", sentenció.

El duro documento de las universidades contra el Gobierno

De esta manera, Álvarez respondió a algunas de las acusaciones que la comunidad educativa le realizó al Gobierno durante la marcha del martes. En detalle, el Consejo Interuniversitario Nacional llevo adelante la lectura de un duro documento en el que calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como "crítico" y denunciaron:

Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.

La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional.

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema.

La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario.

La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.

El sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro que vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico para miles de jóvenes trabajadores y sectores populares. Del mismo modo, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Las becas vinculadas a las vocaciones científicas (EVC) también se encuentran suspendidas siendo el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.

El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.

Sin embargo, la crisis no es solo presupuestaria, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.

La Universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina.

La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aportan para que un país se piense. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.

La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo.

Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.

No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!

Ámbito Financiero