La UBA denunciará al Gobierno de Milei por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires decidió este miércoles iniciar un reclamo judicial contra el Gobierno de Javier Milei, luego de que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Superior, que instruyó al rector Ricardo Gelpi a encabezar la presentación ante la Justicia.

La norma, aprobada por el Congreso con amplio consenso, garantiza un aumento de los recursos destinados a las universidades nacionales. Sin embargo, tras vetarla inicialmente, Milei la promulgó por obligación institucional, pero suspendió su ejecución mediante un decreto, lo que en la práctica impide su aplicación.

"Una violación al sistema republicano"

El Consejo Superior de la UBA advirtió que esta decisión "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".

"Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, es un acto inconstitucional que vulnera los derechos del sistema universitario y de toda su comunidad", expresó el cuerpo en un comunicado.

Además, la Universidad sostuvo que la medida del Ejecutivo afecta de manera directa el funcionamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial de docentes y no docentes, al impedir el ingreso de los fondos previstos en la ley.

Emergencia universitaria y reclamo salarial

El documento aprobado por el Consejo Superior recordó que la UBA ya declaró la "emergencia presupuestaria y salarial", situación que se replica en otras universidades nacionales del país. "Esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria y el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes", remarcaron las autoridades.

La Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del sistema público de educación superior en todo el país. Su suspensión abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades, en un contexto de creciente tensión por los recortes al presupuesto educativo.