Lanzan la concesión de 9.120 kilómetros y avanza el plan de privatización de las rutas nacionales

El Gobierno nacional confirmó que disolverá la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia de Seguridad Vial y otros organismos vinculados al control del transporte. Manuel Adorni expresó el motivo del cierre del ente: "Este organismo se creó para simplificar la corrupción". La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa realizada este lunes en Casa Rosada, en el marco del proceso de reformas impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La medida, que será formalizada por decreto antes de la finalización de las facultades delegadas al Ejecutivo -este martes 8 de julio-, contempla además la apertura de licitaciones para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales. "La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada", afirmó Adorni al dar a conocer la decisión.

Junto a la eliminación de Vialidad y de la Agencia de Seguridad Vial, el Gobierno también anunció la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial. En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será reemplazada por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que fiscalizará las futuras concesiones viales.

El plan oficial se enmarca en el recorte estructural del Estado que impulsa la administración de Javier Milei desde su asunción. Sturzenegger, responsable de los decretos de reforma, agradeció a su equipo y al de Legal y Técnica por el avance en la reorganización institucional.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) rechazaron con dureza la medida. Su secretaria general, Graciela Aleñá, denunció que el cierre de Vialidad dejará sin mantenimiento a más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y provocará el despido de más de 5.500 trabajadores. "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Esto está armado para hacer negocios", aseguró la dirigente gremial, quien calificó la decisión como "ideológica y destructiva".

El gremio acusó al Gobierno de utilizar argumentos falsos sobre la supuesta ineficiencia del organismo y pidió a los gobernadores y a las fuerzas políticas que se opongan al decreto. En ese sentido, destacaron que las provincias habían solicitado que las rutas sean transferidas con obras finalizadas, algo que nunca se concretó.

Los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alberto Weretilneck (Río Negro) presentaron demandas judiciales contra el desmantelamiento de la estructura nacional de vialidad, advirtiendo sobre el impacto en la infraestructura y la seguridad vial.

Fuente: BAE Negocios