Ley de Glaciares: 7 puntos clave de la reforma aprobada

La reforma de la Ley de Glaciares introduce un cambio central: la protección ya no será general, sino focalizada en aquellos glaciares y zonas periglaciares con "función hídrica comprobada".

Esto implica que áreas que antes estaban protegidas automáticamente ahora deberán ser evaluadas para determinar su importancia en el sistema hídrico. Desde el oficialismo sostienen que esto permitirá "ordenar criterios y evitar restricciones innecesarias". 

Más poder para las provincias

Uno de los ejes principales de la reforma es el fortalecimiento del rol de las provincias, que ahora tendrán mayor autonomía para definir qué zonas proteger y bajo qué criterios.

Además, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) dejará de tener un rol central en la definición científica, pasando a una función más técnica y de registro.

"Se busca fortalecer el federalismo ambiental y respetar las autonomías provinciales", argumentaron desde el Gobierno durante el debate. 

Actividades productivas y control ambiental

Otro cambio clave es el paso de un esquema de prohibiciones generales a un sistema de evaluación caso por caso.

A partir de ahora, las actividades productivas -incluida la minería- podrán ser autorizadas en zonas antes restringidas, siempre que superen una evaluación de impacto ambiental.

Especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que esto podría generar riesgos. "Se abre la puerta a intervenciones en reservas estratégicas de agua", señalaron durante la discusión parlamentaria. 

Punto por punto: los ejes de la reforma

• Alcance de la protección: solo se protegerán glaciares y zonas periglaciares con función hídrica relevante.
• Rol del IANIGLA: pasa de autoridad científica central a organismo de consulta y registro.
• Criterio provincial: cada provincia podrá definir qué áreas protege según sus propios parámetros.
• Principio precautorio: se mantiene la protección hasta que se demuestre que un área no cumple función hídrica.
• Sistema de prohibiciones: se reemplaza por evaluaciones ambientales específicas para cada proyecto.
• Protección flexible: el enfoque pasa de preventivo a condicional y revisable.
• Evaluación ambiental: será obligatoria antes de autorizar cualquier actividad en estas zonas. (Infobae)