Luciani y Mola exigen prisión inmediata para Cristina Kirchner: "El daño fue grave"
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la detención inmediata de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión en su contra por la causa Vialidad. También pidieron arrestar a otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y exfuncionarios vinculados a la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
Este martes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un pedido formal de detención inmediata contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como "Vialidad". La solicitud se da tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme la pena de seis años de prisión dictada contra la actual senadora y ex mandataria.
En el mismo escrito, los fiscales también solicitaron que se ejecute la detención de Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos condenados en la misma causa.
Luciani y Mola cuestionaron que la pena impuesta a Cristina Kirchner sea "insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado al Estado", y reafirmaron su postura previa: durante los alegatos habían reclamado una condena de 12 años para la ex presidenta y los principales responsables del esquema investigado.
En el texto entregado a la justicia, los fiscales argumentaron que "funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita", cuyo objetivo fue desviar fondos públicos mediante la adjudicación direccionada de obras viales en Santa Cruz a favor de empresas vinculadas a Báez, empresario cercano al matrimonio Kirchner.
"Los condenados parasitaron los órganos de control para facilitar este sistema de corrupción. La finalidad fue detraer fondos del Estado para fines particulares", se puede leer en el documento presentado por la fiscalía.
Los fiscales remarcaron la necesidad de que las penas se ejecuten de forma inmediata "para reafirmar la finalidad preventiva de la pena y enviar un mensaje claro a la sociedad", señalando además el impacto negativo que estos actos tienen en la confianza pública y en los sectores más vulnerables del país.
"La corrupción afecta directamente los derechos económicos, sociales y culturales, y en una Argentina con más del 50 % de su población bajo la línea de pobreza, el desvío de fondos públicos impacta de forma directa en áreas críticas como salud, educación y vivienda", concluyeron Luciani y Mola en el contundente pedido judicial. (Diario Nuevo Día)