Milei tiene 5 días para explicar ante la justicia sus tweets contra Ian Moche

El juez federal Alberto Recondo exigió al presidente Javier Milei una explicación formal en tribunales por un retuit donde acusaba a IanMoche, un niño autista de 12 años y activista por los derechos de las personas con discapacidad, de pertenecer a "una familia ultrakirchnerista" y de ser parte de "una operación" contra el Gobierno. Milei tiene cinco días hábiles para responder desde la notificación formal, que se postergará por la feria judicial hasta los primeros días de agosto.

La denuncia fue presentada por la madre de Ian, Marlene Spesso, con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, ante el juez Recondo y el fiscal Oscar Gutiérrez Eguía. Ambos coincidieron en que el mensaje fue publicado desde una cuenta oficial con tilde gris -que la red social X consigna a "individuos del gobierno" como jefes de Estado- lo que lo convierte en una expresión institucional, no meramente personal, y habilita su tratamiento en el fuero federal.

El objetivo puntual de la denuncia es que Milei quite el mensaje y se abstenga de difundir expresiones similares que involucren la imagen del niño. Aunque la familia no exige una disculpa obligatoria, Gil Domínguez indicó que eso debería surgir de manera espontánea.

La causa adquiere especial relevancia legal y política debido al precedente que sienta: el uso de cuentas verificadas del Estado -con la tilde gris- como vehículos de expresiones oficiales. También podría servir de antecedente en otras causas en las que la conducta presidencial se investiga, como en el caso por presunta estafa relacionada a la criptomoneda $Libra.

Hasta ahora, Milei no eliminó el retuit ni se disculpó. El fiscal y magistrado federal tendrán un plazo de 48 horas tras vencerse el plazo para la presentación de respuesta, para decidir si obligan al Presidente a borrar el mensaje. La familia anunció que, en caso de incumplimiento, apelaría directamente ante la Corte Suprema.

Este caso subraya los límites entre discurso oficial y discurso personal en redes sociales, la protección de derechos de menores y poblaciones vulnerables, y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el uso de plataformas digitales. (Fuente: El Diario Nuevo Día)