Memoria y Justicia

Murió Raúl Guglielminetti, exagente de inteligencia condenado por delitos de lesa humanidad

Murió Raúl Antonio Guglielminetti, de 84 años, exagente civil de inteligencia del Ejército y uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Condenado a prisión perpetua, había logrado obtener arresto domiciliario por motivos de salud en septiembre de 2025 y falleció ayer miércoles 22 de enero en su casa en la ciudad de Mercedes, sin arrepentirse ni aportar información sobre el destino de sus víctimas.

Raúl Guglielminetti, conocido también por los apodos "El Ronco" o "Mayor Guastavino", integró desde fines de los años sesenta el Batallón de Inteligencia 601, el organismo de inteligencia del Ejército Argentino que actuó durante el terrorismo de Estado.

Durante la dictadura, estuvo involucrado en el funcionamiento de centros clandestinos de detención como Automotores Orletti, donde se cometieron secuestros, torturas y desapariciones de militantes políticos argentinos y extranjeros. Su rol como agente de inteligencia y enlace operativo lo convirtió en uno de los represores más notorios de ese aparato.


Condenas, prisión domiciliaria y polémica

Tras la restauración democrática y el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad, Guglielminetti fue procesado y condenado a prisión perpetua por su participación en hechos de privación ilegal de la libertad y torturas, entre otros delitos graves.

En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 6 autorizó su traslado a su domicilio en Mercedes por "motivos de salud", tras analizar informes médicos que indicaban un deterioro físico que, según su defensa, no podía ser atendido adecuadamente dentro del sistema penitenciario. Menos de cuatro meses después, falleció en arresto domiciliario, sin haber colaborado con la Justicia ni haber brindado información sobre el paradero de personas desaparecidas ni reconocer sus delitos.

La decisión judicial de concederle el beneficio generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad que reclamaron que las condenas por crímenes de lesa humanidad se cumplan en prisión efectiva, especialmente en casos sin arrepentimiento ni aportes a la memoria histórica. 

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