"No se puede pagar para zafar": la Justicia rechazó los pagos en la causa Cuadernos, que representaban más de 20 millones de dólares

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios imputados en la causa "Cuadernos de las coimas", uno de los procesos por corrupción más resonantes de los últimos años.

La decisión, adoptada por unanimidad por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, implica que los acusados no podrán evitar el juicio oral mediante el pago de compensaciones económicas.

Los ofrecimientos -que incluían dinero en efectivo, propiedades y otros bienes- sumaban entre 12 y 21 millones de dólares, pero fueron considerados improcedentes. El tribunal resolvió no hacer lugar a la figura de la "reparación integral" prevista en el Código Penal, por considerar que los delitos de corrupción no pueden ser subsanados únicamente con dinero.

El debate oral comenzará el 6 de noviembre, y se espera que involucre a cerca de un centenar de acusados, entre empresarios, exfuncionarios y contratistas del Estado.

"Aceptar estos pagos implicaría abrir un mercado de impunidad", señaló el fallo, advirtiendo que el dinero no puede borrar delitos que afectan la transparencia pública.

"No se puede pagar para zafar": la posición de la Fiscalía y la UIF

El rechazo del tribunal coincidió con la postura de la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opusieron a lo que calificaron como un intento de "tarifar la impunidad".

La fiscal Fabiana León sostuvo que "no se puede pagar para zafar" y advirtió que aceptar las ofertas sería "mercantilizar la corrupción". En la misma línea, el titular de la UIF, Paul Starc, remarcó que los montos ofrecidos "no reparan un daño institucional que afecta a toda la sociedad".

"Los delitos de corrupción lesionan bienes jurídicos supraindividuales, como la probidad y la confianza pública. No hay reparación económica posible para eso", argumentó la Fiscalía.

El tribunal coincidió en ese punto al señalar que la figura de reparación integral no aplica a delitos que comprometen el orden público y la transparencia del Estado.

La resolución destacó que aceptar los pagos "beneficiaría solo a quienes cuentan con recursos económicos", vulnerando el principio de igualdad ante la ley y erosionando la confianza en la Justicia.

Quiénes ofrecieron dinero y cuánto propusieron pagar

Entre los oferentes se encuentran reconocidos empresarios de la construcción, la energía y el transporte, junto con exfuncionarios señalados en la causa.

Los montos más altos fueron los del empresario Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri), quien ofreció 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, 1,5 millones; y Aldo Roggio, 1,26 millones.

También presentaron propuestas Enrique Pescarmona (IMPSA, 344 mil dólares), Gabriel Pedro Losi (557 mil), Juan Manuel Collazo (603 mil), Mario Rovella (494 mil) y Héctor Javier Caballero (460 mil).

En tanto, César y Juan Carlos De Goycochea ofrecieron 1,08 millones, Hugo Draggnotti, 960 mil, y Osvaldo Acosta, 295 mil dólares.

Del lado de los exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina propuso 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, ofreció casi un millón. Ambos habían reconocido haber recibido dinero como parte de supuestos aportes de campaña.

"Las propuestas no solo son insuficientes, sino que atentan contra el principio de responsabilidad penal", remarcaron los jueces en su resolución.

La megacausa "Cuadernos" y el alcance del juicio oral

La causa "Cuadernos de las coimas" se inició en 2018, a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de bolsos con dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

El expediente alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gestión y a decenas de empresarios vinculados con la obra pública y la energía.

Con la decisión del TOF 7, todos los imputados deberán enfrentar el juicio oral, que podría extenderse durante varios años debido a la magnitud del expediente y la cantidad de acusados.

El tribunal consideró que el debate público es "la única respuesta compatible con la gravedad institucional de los hechos" y que permitirá "transparentar el proceso ante la sociedad".