¿Otra vez Julieta Silva? Fue detenida por agredir a su esposo en Mendoza
Julieta Silva, quien fue condenada en 2017 por atropellar y matar a su novio Genaro Fortunato, fue detenida en Mendoza por una nueva causa de violencia de género. Según informó el Ministerio Público Fiscal, su actual esposo la denunció por agresiones físicas. La Justicia la imputó por "lesiones agravadas por el vínculo" y le impuso prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
Julieta Silva, conocida públicamente por haber sido condenada por matar a su novio rugbier Genaro Fortunato en 2017, vuelve a ser noticia. Ahora enfrenta una nueva causa judicial por ejercer violencia física contra su actual esposo, con quien tiene una hija de un año.
El hecho ocurrió en Mendoza, y la denuncia fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, que detalló que la Policía se presentó en el domicilio y verificó que el hombre presentaba una escoriación y una tumefacción. Tras la constatación de las lesiones, Silva quedó detenida e imputada por el delito de "lesiones agravadas por el vínculo".
La mujer cumplirá prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico y a cargo del cuidado de su hija menor. Además, se le impuso una restricción de acercamiento mientras avanza la investigación judicial.
La acusada también presentó una denuncia
En paralelo, Julieta Silva radicó una denuncia en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, la cual fue incorporada al expediente. Las autoridades aguardan los informes del Cuerpo Médico Forense y los testimonios correspondientes para determinar los pasos a seguir en la causa.
El crimen de Genaro Fortunato: un antecedente que marcó a Mendoza
El caso de Julieta Silva cobró notoriedad en todo el país en 2017, cuando fue condenada por atropellar y matar a su novio, Genaro Fortunato, a la salida del bar "La Mona" en San Rafael. La autopsia determinó que el joven de 25 años murió por aplastamiento de cráneo.
Silva fue sentenciada a tres años y nueve meses de prisión por "homicidio culposo agravado" y recibió ocho años de inhabilitación para conducir. En su momento, los querellantes habían solicitado 14 años al entender que no fue un accidente, pero el tribunal no encontró pruebas suficientes para calificar el hecho como homicidio intencional.
El episodio dejó una marca profunda en la sociedad mendocina y puso en debate las penas en casos de violencia en el marco de relaciones de pareja.