PAMI: Gobierno apela la cautelar que ordena pagar deudas en discapacidad con poveedores

El Gobierno nacional apeló la medida cautelar que lo obliga a cancelar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad vinculados a PAMI e Incluir Salud.

Según informó Noticias Argentinas, la presentación oficial fue admitida por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja con efecto devolutivo, lo que implica que la cautelar continuará vigente hasta que la Cámara Federal correspondiente se pronuncie sobre el recurso.

La resolución judicial tuvo origen en un amparo colectivo promovido por la abogada Marta Lastra en representación de Defendamos Córdoba, junto con distintas instituciones de la provincia que brindan atención a personas con discapacidad, entre ellas Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y varios centros terapéuticos.

En su fallo, el magistrado ordenó al Estado nacional regularizar los pagos adeudados en un máximo de 72 horas y estableció que la medida tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión.

La decisión judicial busca asegurar la continuidad de tratamientos, prestaciones médicas, terapias y acceso a medicamentos para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de que los servicios se vean afectados por la falta de financiamiento.

En los fundamentos de la resolución, Vaca Narvaja sostuvo que el Estado se encuentra en situación de mora respecto de sus obligaciones y advirtió sobre demoras reiteradas en los pagos a los prestadores. Además, remarcó que la situación genera un riesgo concreto para las personas con discapacidad que dependen de esos servicios para su atención cotidiana.

La información difundida por Noticias Argentinas también señala que la causa hace referencia a la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno nacional eliminó los subsidios que recibían las empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con cáncer.

El conflicto se suma a los reclamos que desde hace meses vienen realizando organizaciones, familias y prestadores de servicios de discapacidad en distintos puntos del país, quienes denuncian atrasos en los pagos y dificultades para sostener la atención de los usuarios.