Piden dar de baja 3 mil pensiones de beneficiarios que no viven en el país

El fiscal Guillermo Marijuan le envió una solicitud oficial a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, para que proceda con la baja de 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran a través del ANSES. Esta acción se debe a que estos beneficiarios no cumplen con la normativa de mantener residencia en el país.

Estos beneficiarios se inscribieron en el registro como personas mayores de 65 años "vulnerables" y regresaron a su país de origen, según los registros de la Dirección de Migraciones. A valores actuales, el perjuicio mensual para las arcas del Estado es de $449.341.802 millones, que anualizado trepa a los $5.842.000.000.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, está analizando otros 7.512 casos de "titulares PUAM" que han mantenido "intervalos fuera del país por más de 60 días", lo que también infringe las reglas establecidas.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan a la ministra Pettovello detalla los procedimientos de la investigación preliminar, solicitando la suspensión inmediata de la pensión para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante su vigencia, con el objetivo de frenar posibles conductas delictivas.

La ley 27.260, que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), establece requisitos claros para acceder al beneficio, incluyendo la ciudadanía argentina o la residencia legal mínima en el país. Además, se detallan los requisitos para mantener el cobro de la pensión, como no ser beneficiario de otras prestaciones y mantener la residencia en Argentina.

La investigación de Marijuan involucra casi tres mil expedientes separados, uno por cada beneficiario, para examinar detalladamente los casos de aquellos que han abandonado el país y determinar posibles irregularidades en el cobro del beneficio. La Justicia deberá identificar responsabilidades tanto de los beneficiarios como de los funcionarios públicos involucrados en estos casos.