Juzgarán a un médico por tener pornografía infantil

Este martes, la jueza de garantías María Tolomei dejó abierta la investigación en la que se encuentra imputado un médico forense con funciones en la ciudad de Trelew, por el delito de tenencia simple de material de abuso sexual infantil.
miércoles, 27 de octubre de 2021 · 09:31

El delito está penado con cuatro meses a un año de prisión, y si se comprueba que la tenencia de ese material afecta a menores de 13 años, la pena es mayor.

Mientras que el Ministerio Público Fiscal representado por Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez, postuló la posibilidad de la realización de un juicio rápido, el asesor de menores Pablo Rey solicitó mayor tiempo de análisis de la investigación, por lo que se le concedió 15 días para que esta parte conozca más en profundidad la investigación.

La imputación en contra del profesional -"tenencia simple de material de abuso sexual infantil"- es una conducta ilegal que es delito desde el año 2018 con la incorporación del artículo 128 de la Ley 27.436.

Contempla penas que van desde los cuatro meses a un año de prisión y si se comprueba que la tenencia de ese material afecta a menores de 13 años, la pena es mayor.

En la audiencia el fiscal general Fernando Rivarola dio cuenta de los hechos investigados, las diligencias realizadas y las pruebas reunidas por parte del accionar policial y de la Unidad Especializada que conduce a nivel provincial.

Cabe destacar que la investigación que llevó al médico forense al banquillo de los acusados, se inició por un reporte que recibió la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito, del Chubut por parte de una ONG de Estados Unidad, de la cual es referente oficial esta Unidad que depende del Ministerio Público Fiscal de la Justicia del Chubut.

Se trata del National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados). Es una ONG privada sin fines de lucro establecida en 1984 por el Congreso de los Estados Unidos.

Actúa bajo los preceptos de una ley federal de ese país que obliga a las empresas proveedoras del servicio de Internet, a denunciar la tenencia de este tipo de contenidos y material de abuso sexual infantil.