La investigación se inició en la fiscalía a cargo de Juliana Companys, luego de que una llamada anónima denunciara al "Movimiento Socorro Rosa de Villa María". Se indicó que esta organización suministraba medicamentos para abortar sin ninguna autorización legal. Y se agregó que una joven estaba internada en terapia intensiva luego de haber recibido, presuntamente, el asesoramiento de esta organización. Todo está en materia de investigación.
A nivel nacional, el movimiento "Socorro Rosa" se define como un grupo de mujeres feministas que busca acompañar los procesos de interrupción del embarazo. "Lo hacemos desde nuestro lugar de activistas feministas, desde el protocolo de interrupción del embarazo que propone la Organización Mundial de la Salud", justifican.
Pero la fiscal Companys investigó algo más en Villa María: la venta de medicamentos para la interrupción del aborto que en los hospitales son entregados de manera gratuita.
De esta manera, una comisión especial de la división Protección de las Personas coordinó junto a la fiscalía realizar una compra "vigilada" de estos medicamentos en uno de los domicilios de Villa María que había quedado en el centro de la pesquisa. Todo queda filmado y registrado, con control judicial.
Una vez que en la tarde del miércoles se realizó la transacción comercial, la fiscal ordenó el inmediato allanamiento del inmueble ubicado en calle Pellegrini.
Allí, se secuestraron cajas con pastillas para abortar, 35 mil pesos en efectivo, dos notebooks, dos celulares y una CPU, entre otros elementos. Además, en el interior del domicilio se hallaron 500 gramos de marihuana, en plantas y en hojas secas, por lo que se convocó a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Dos jóvenes de 32 y 28 años quedaron detenidas en esa vivienda. Y, de manera simultánea, se ordenaron otros tres allanamientos en diferentes puntos de la ciudad. Otras dos personas fueron capturadas en estos operativos. Una de ellas, según trascendió, es médica del Hospital Pasteur.
"Aparentemente, según la denuncia, sacaban de un hospital o de alguna farmacia las pastillas para abortar y luego las utilizaban por su cuenta; a las mujeres embarazadas, les cobraban por estas pastillas y por todo el seguimiento que les hacían, algo que no estaba bajo ningún amparo legal", indicó una fuente que sigue muy de cerca la investigación.
En diciembre de 2020, en Argentina se aprobó el derecho al aborto gratuito y asistido médicamente. "Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia", se indicó en la ley.
Pero en este caso, la fiscal apunta a diversas figuras penales: ejercicio ilegal de la medicina, lesiones gravísimas y tenencia de estupefacientes, entre otras.
Según trascendió, hay una joven internada y se habrían generado otras cinco denuncias más. Todo está aún bajo secreto de sumario. Fuente: (Cadena3)