Lo que no se achica en la Argentina es el Estado: en la cuarentena se sumaron 23.000 empleados públicos

La difusión de los datos de desocupación y pobreza, la pérdida de casi 4 millones de empleos en el sector privado recientemente informada por el Indec, y las crecientes restricciones de acceso al dólar “solidario”, principal vehículo de ahorro de la clase media argentina, pusieron otra vez sobre el tapete los privilegios y el tamaño del Estado, que en los últimos 20 años (antes de la pandemia de coronavirus), multiplicó entre dos y tres veces su estructura.

El fenómeno se mantuvo en los primeros 4 meses en cuarentena, según las estadísticas de empleo registrado del Ministerio de Trabajo, puesto que mientras a nivel país en julio había 321 mil trabajadores ocupados en blanco menos que en febrero, en el caso de la franja asalariada en el conjunto del sector público (nación, provincias y municipios) se elevó de 3,18 millones a 3,21 millones en ese período (casi 23.000 personas se sumaron a la nómina estable).

Mientras a nivel país en julio había 321 mil trabajadores ocupados en blanco menos que en febrero, en el caso de la franja asalariada en el conjunto del sector público (nación, provincias y municipios) se elevó de 3,18 millones a 3,21 millones
La cuestión se agudizó cuando el BCRA prohibió el acceso a la divisa a los empleados del sector privado que hubieran cobrado parte de su salario gracias al programa de “Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP). ¿Por qué -se objetó- quien en una situación transitoria y de emergencia recibió del fisco una parte quizás mínima de su ingreso, no puede acceder al dólar “oficial” y sí pueden quienes lo reciben totalmente de las arcas del Estado? La crítica no desapareció cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que los “funcionarios públicos de alto rango” no podrían comprar dólares ni cuando el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que tampoco podrían los legisladores.

El cuadro, sin embargo, trasciende el problema del dólar. Importan el tamaño del Estado, su peso sobre el sector privado, su contribución a la sociedad y las retribuciones y méritos de quienes trabajan en él. Una primera aproximación indica que en lo que va del siglo XXI la “Administración Pública Nacional”, núcleo de la estructura burocrática estatal, pasó de 10 a 20 Ministerios, de 43 a 110 secretarías y de 58 a 170 subsecretarías de Estado, precisó Nicolás Gadano, ex director del Banco Central, tras desempolvar un organigrama del año 2000 y compararlo con el actual.

Por una limitación de espacio, el organigrama 2020, o "mapa del Estado” -raviolera en la jerga de los economistas- publicado por la Jefatura de Gabinete, que encabeza Santiago Cafiero, no da cuenta de los centenares de direcciones nacionales y direcciones a secas de las diferentes carteras y lista al pie 138 “Organismos descentralizados, Sociedades del Estado y otros entes dependientes del Sector Público Nacional” cuya existencia tal vez ni sospechen la mayoría de los argentinos de a pie.

Así, por ejemplo, sin contar “Direcciones”, del presidente de la Nación depende una “Administración General de Museos y Archivos Presidenciales” y el ministerio de Agricultura cobija, además del INTA (Tecnología Agropecuaria), el Senasa (Sanidad Animal), el Inase (Semillas), el Inidep (Desarrollo Pesquero) y el Inym (Yerba Mate) a Inteasa, para “administrar las regalías de las tecnologías transferidas por el INTA y ser un instrumento administrativo, comercial y financiero de las Estaciones Experimentales que lo requirieran”.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene bajo su ala agencias como “Vehículo Espacial de Nueva Generación SA” y la Anpidti (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y el de Desarrollo Productivo, amén de cobijar 3 Institutos, 1 Polo, 1 Banco, 1 Corporación y 1 Yacimiento, cuenta con el “Servicio Geológico Minero” (Segemar), de larga data. Pero Matías Kulfas, el ministro del área, ni le hace sombra a su par de Economía, Martín Guzmán, de quien dependen 22 agencias descentralizadas, desde las populares AFIP y Casa de la Moneda y los menos conocidos Entes Reguladores del Gas y la Energía Eléctrica hasta la ignota Uestee (Unidad Especial de los Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica).

Bajo la cartera de Justicia y Derechos Humanos figuran desde el Inadi hasta la “Agencia Nacional de Materiales Controlados” y el “Instituto Universitario Nacional de DDHH Madres de Plaza de Mayo" y Obras Públicas cobija al Orsep (Organismo Regulador de Seguridad de Presas) y a Ebitan, Ebileñas y Ebifetra, entidades binacionales a cargo de los proyectos de túneles internacionales de “Agua Negra”, “Paso Las Leñas” y “Ferrocarril Transandino Central”, respectivamente.

Del Ministerio de Salud dependen una docena de Superintendencias, Hospitales, Institutos y Laboratorios; y del Ministerio de Transporte, Mario Meoni, 17 Comisiones, Juntas, Operadoras, Administraciones, Organismos y Agencias, además de Aerolíneas Argentinas y Austral líneas aéreas.

Al tercer trimestre de 2020, consignan las planillas del Ministerio de Economía, el “Sector Público Nacional” emplea a 343.042 personas, de las cuales 282.042 son de “planta permanente” o personal transitorio y 60.548 son “personal contratado”. (Infobae)