Aumenta la presión al Gobierno nacional para que condene las medidas de Insfrán por los centros de aislamiento en Formosa

Amnistía Internacional exigió al Ejecutivo nacional que condene las denuncias por violaciones a los derechos humanos en esa provincia y promueva todas las herramientas posibles para frenar esa grave situación.
viernes, 29 de enero de 2021 · 19:43

 

Crece la presión social y judicial hacia el gobierno peronista de Gildo Insfrán debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Formosa, ya que Amnistía Internacional exigió al Ejecutivo nacional que condene dichas medidas sanitarias excesivas y promueva todas las herramientas posibles para frenar esa grave situación.

Por otro lado, la Justicia federal le pidió a la Fiscalía de Estado formoseña que entregue un “informe pormenorizado” sobre las personas que están incluidas en el expediente de habeas corpus presentado por el senador Luis Naidenoff, luego de que la Cámara de Casación resolviera hacer lugar a la denuncia del legislador opositor.

A través de una carta dirigida al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, reiteró su preocupación por la gravedad de la situación en Formosa pese a la visita del funcionario a los centros de aislamiento. En ese sentido, enfatizó que los hechos denunciados demuestran “una grave afectación” del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno.

 

“El Gobierno nacional no debe convalidar una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario, y a otras violaciones a sus derechos. El mandato de la Secretaría de Derechos Humanos consiste en la promoción y protección de los derechos humanos; por eso, debe ser absolutamente respetuosa de las denuncias recibidas de los propios afectados y actuar en consecuencia, sin excusas”, sostuvo Belski en la misiva reproducida por el portal de noticias Infobae.

Según detalla Amnistía Internacional, “entre las denuncias, surgen testimonios de personas que sufrieron y sufren el aislamiento de manera compulsiva en establecimientos que, por sus condiciones, las expusieron al contagio. Además, los plazos del aislamiento no fueron debidamente determinados, durando incluso más de 30 días, y las personas registraron una falta de acceso a los resultados de sus testeos de covid-19 e información precisa sobre su situación de salud”.

Asimismo, desde la ONG señalaron que los testimonios revelaron que personal policial realizaba custodia las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud muy poco significativa. Por otra parte -según los testimonios- en los centros se registró hacinamiento, falta de higiene, falta de ventilación, provisión escasa de alimentación, utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad, entre otras graves denuncias. Incluso, se han dado traslados y liberaciones repentinas ante el anuncio de la visita de la Secretaría de Derechos Humanos.

“Una política sanitaria nunca es exitosa si implica el avasallamiento de los derechos humanos. La vulneración de derechos no puede ser una alternativa en un país respetuoso de sus compromisos internacionales. El cumplimiento de los derechos humanos no es un obstáculo para combatir al covid-19 sino, por el contrario, es el marco que asigna legitimidad, legalidad y eficacia a las acciones de gobierno”, plantearon en un comunicado oficial.

Comienza la investigación judicial

En tanto, la jueza federal de Formosa, Belén López Macé, le pidió a la Fiscalía de Estado de Formosa que en “24 horas” entregue un “informe pormenorizado” sobre las 13 personas afectadas en los centros de aislamiento dispuestos por la pandemia de coronavirus y que fueron incluidos en el habeas corpus presentado por Naidenoff.

La magistrada solicitó informes de los que “surjan los hechos, tiempo y lugar de aislamiento, cantidad de hisopados realizados y todo otro dato de interés a la causa, como así también las normativas y resoluciones en las cuales se avalarían la situación de restricción a la libertad que ostentarían las mismas”.

Naidenoff había denunciado que en los centros gubernamentales de aislamiento formoseños se produjeron violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional tales como el derecho a la vida, a un ambiente sano, a la salud física y mental, a la privacidad, intimidad, a la circulación y el derecho a recibir un trato digno, entre otros.

La Cámara de Casación Federal había determinado que fuese la Justicia federal y no la provincial la que interviniera en el habeas corpus. Así lo decidió luego de que la jueza federal de Formosa declarara su incompetencia para hacerse cargo del caso. Casación había resuelto que el caso quedara a cargo de la Justicia federal, en contra de lo que opinó el fiscal ante esa cámara, Raúl Pleé, quien consideró que el caso debía continuar en el poder judicial formoseño.

El fallo de Casación firmado por los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani había señalado que las medidas de aislamiento cuestionadas por el habeas corpus forman parte de una serie de decisiones tomadas a nivel nacional por la pandemia del coronavirus, por lo que en este caso las provincias actúan como delegadas del gobierno federal y responden a disposiciones de orden nacional dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. Fue por eso que determinaron que debe actuar la jueza que pidió los informes a la Fiscalía de Estado.

“Atento a lo resuelto por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Chaco, en cuanto declaró la competencia de la justicia federal para la tramitación de la presente acción de habeas corpus, sin perjuicio de mi criterio ya expuesto oportunamente, corresponde dar la tramitación debida”, refiere el texto de Macé remitido a la Fiscalía de Estado formoseña.