Lázaro Baéz espera la sentencia en medio de una interna con sus hijos y su ex esposa

Bajo arresto domiciliario, el contratista será sentenciado por La Ruta del Dinero K el 24 de febrero. Casi no habla con su familia. Y su ex mujer busca avanzar con la división de bienes.

El teléfono de Báez no suena asiduamente. No intercambian mensajes. Un abogado se convirtió en intermediario para informar lo indispensable: “Lázaro se encuentra bien, está bien de salud”. En Río Gallegos, tres de sus hijos aguardan la lectura de la sentencia que según aseguraron fuentes judiciales a Clarín se leerá el 24 de febrero. La Ruta del Dinero K hizo explotar el núcleo familiar del contratista: dos de sus hijos cuentan con otro abogado y descreen de la defensa del padre. El mayor de los hijos varones continúa en prisión, y su ex esposa aguarda la decisión que se adopte sobre el patrimonio para retomar la división de bienes.



"Todavía hay una oportunidad de que Lázaro sea sincero, que diga la verdad. Yo confiaba en que su declaración iba a clarificar todo, y me encontré con que dijo otras cosas, que no me interesan", dijo Leandro el menor de los cuatro hijos del empresario K la última vez que dio una entrevista. Sus dichos sólo corroboraron lo que dijo frente al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4): que todos los negocios los manejaba su padre.



Aquella indagatoria no sólo apuntó a Lázaro Báez como cabeza de las operaciones de lavado de dinero por 60 millones de dólares, como sostiene la imputación, sino que desnudó una vez más, algo que signó a la familia del empresario K durante todo el proceso judicial iniciado en 2016: una feroz interna que incluso derivó en la contratación de casi una docena de abogados.



Este miércoles se escucharán las palabras finales de siete imputados, y después el Tribunal que preside el juez Néstor Costabel dará lectura a la sentencia. En tribunales fijaron esa instancia para el 24 de febrero. El juicio oral inició en octubre de 2018, y es el de mayor envergadura en materia de lavado de dinero. Durante la instrucción como la etapa de audiencias orales quedó que la familia Báez no tiene una misma mirada frente al expediente.



Desde que comenzó el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, los cuatro hijos del empresario K y él mismo llegaron a designar casi una docena de abogados. Muchos de los asesores letrados se encontraron ante una situación reiterada: internas familiares que hacían colisionar cualquier estrategia legal.



Ese enfrentamiento está más vigente que nunca. A 3.000 kilómetros permanecen tres de los hijos de Báez. Lázaro sólo mantiene comunicación con Luciana, la mayor de todos su hijos, mientras él continúa bajo arresto domiciliario en una propiedad prestada en el Gran Buenos Aires. Con sus hijos menores -Melina y Leandro- la comunicación es escasa. De hecho, con Leandro hace muchos meses no habla.



Los cuatro herederos están procesados por ser participes de las operaciones de lavado de dinero. En tres años y a través de Austral Construcciones -la firma insignia- se blanquearon 60 millones de dólares. Parte de ese dinero se movió con cuentas en Suiza, y allí entran en escena Luciana, Martín, Melina y Leandro Báez.



Todos figuran como beneficiarios finales de esas cuentas. Ellos sostienen haber tenido conocimiento de esas maniobras que los llevó al banquillo de los acusados. "Lázaro era el que decidía todo", dijeron ante el Tribunal los dos menores. Luciana eligió no declarar en el juicio, en tanto que Martín, que se encuentra preso hace dos años, reiteró su inocencia.



Mientras los más chicos del clan tienen de abogado a Roberto Herrera (también defensor de Leonardo Fariña), los hijos mayores de Lázaro son representados por Elisabeth Gassaro, denunciada por la otra parte de la familia: desconfían de la administración de bienes y el destino de fondos que Báez manejó desde la prisión.



Con poco diálogo y todos atentos a la continuidad o no de la prisión de Martín -cuya detención se prorrogó por un mes más- los Báez saben que las complicaciones patrimoniales continuarán. La justicia detectó una fortuna de 205 millones de dólares, distribuidos en 1.420 propiedades. Todo se encuentra embargado, y las 14 empresas están intervenidas por la justicia. Austral Construcciones, que supo ganar 51 contratos viales con el Estado por 46.000 millones de pesos, quebró.



En Río Gallegos, a la familia Báez les allanaron todas las propiedades, les secuestraron los vehículos, y según señalaron desde el entorno, incluso les costó conseguir trabajo. Parte del grupo familiar sostiene que hay una persecución política detrás del caso, pero a su vez, insisten en que Lázaro era quien "tomaba todas las decisiones y nadie le podía decir nada".



La situación tuvo otro componente. El ex socio de Cristina Kirchner se encuentra con custodia permanente en el domicilio donde cumple su arresto, acompañado de a momentos por su novia. Ella fue intimada por los abogados de Norma Calismonte -ex esposa de Báez-, porque su familia estaría explorando unas cabañas en el sur y ese dinero no estaría siendo dirigido a las cuentas judiciales.



Los bienes se encuentran cautelados por la justicia, pero Norma Calismonte -divorciada de Lázaro desde noviembre de 2015- busca garantizar para sus cuatro hijos “lo que les corresponde”, como reitera cada vez que puede. Es que ese millonario patrimonio se convirtió en foco de disputas.



Una vez que el Tribunal que preside el juez Néstor Costabel e integran además las magistradas Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, den a conocer el veredicto, habrá una determinación sobre el patrimonio que, según la imputación, fue adquirido con fondos ilícitos. Los abogados de Calismonte ya habían informado a Lázaro que una vez que eso ocurra, su ex esposa avanzaría con el reclamo de la división de bienes. Fin de otro ciclo.



Como contó Clarín, la ex esposa del empresario K buscando determinar cuál es el monto total del patrimonio que reclamará cuando los juicios orales concluyan. La mujer sostiene que alrededor de su ex esposo hay gente que “lo usa”.



Fuente: Clarín 


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