El fiscal Ramiro González investigará las denuncias contra Alberto Fernández por desobediencia

El fiscal Federal Ramiro González, quedó a cargo de la investigación por las denuncias presentadas por el posible delito de desobediencia por parte del Presidente Alberto Fernández y distintos funcionarios. Es por la decisión adoptada por la Corte Suprema la semana pasada en el expediente, por la quita de fondos de coparticipación en la que ordenó a través de una cautelar, al Poder Ejecutivo devolver el 2,95 por ciento mientras se sustancia la cuestión de fondo.

Así lo dispuso el Juez Daniel Rafecas, quien hoy subroga el Juzgado Federal 6, al delegar la causa en el Fiscal, tras el sorteo de la primera denuncia que fuera presentada, por el presunto incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo a la decisión antes mencionada. 

Asimismo, todas las denuncias que ingresen serán acumuladas y unificadas en la primera y tramitadas conjuntamente por el Fiscal Ramiro González.

Entre las denuncias presentadas se encuentran las de Fundación de La Paz y el cambio climático, Elisa Carrió y la coalición Civica, Patricia Bullrich y otros, Roberto Garcia Moritán y otros.

A la hora de contar los hechos se menciona el comunicado redactado tras el encuentro entre Alberto y los gobernadores tras el fallo de la Corte del miércoles de la semana pasada donde se sostiene que el 22 de diciembre de 2022, el Presidente de la Nación, junto a los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Catamarca, Raul Jalil, de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni, de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Formosa, Gildo Insfrán, de La Pampa, Sergio Ziliotto, de La Rioja, Ricardo Quintela, de San Juan, Sergio Uñac, de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, de Santa Cruz, Alicia Kirchner, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora,de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, emitieron un comunicado publicado en la página web oficial de Casa Rosada que expresa:

“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

En síntesis, “en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.

Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.”

Ante ello por decir que el fallo es de imposible cumplimiento se presentaron todas las denuncias que se entiende por parte de la justicia que los hechos denunciados aún están en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes, por lo tanto fuentes allegadas a la investigación sostienen que el estado de situación se asemeja a una “investigación penal preparatoria” a cargo del Fiscal, que deberá evaluar la marcha del complejo trámite en desarrollo.