Cristina Fernández de Kirchner tendrá un 2023 complejo en cuestiones judiciales

El 2022 será recordado por Cristina Fernández de Kirchner como uno de sus peores años en términos judiciales. Por primera vez, un tribunal leyó una condena en su contra. Fue en la causa Vialidad y si bien por mayoría decidió no adjudicarle el delito de asociación ilícita, sí lo hizo por administración fraudulenta, dándole el máximo de la pena que estipula el código.

Para ella es parte del “lawfare” y la idea de “proscribirla” ya que la condena incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que recién se hará efectivo cuando el fallo quede firme por la Corte, aunque para eso todavía falta.

Será recién, después del 9 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia que las partes podrán apelar la decisión del Tribunal Oral Federal 2. La fiscalía anunció que lo hará y que pedirá que se condene a los imputados por asociación ilícita. Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado 12 años de prisión para la vicepresidenta por considerarla jefa de esa asociación destinada a defraudar al Estado. Misma pena pidieron para el empresario santacruceño Lázaro Báez que ya tiene una condena en su contra por lavado de activos y que precisamente uno de los delitos precedentes que refirió el tribunal que lo condenó -en mayoría en este caso- fue el de la obra pública.

Justamente, este expediente conocido como ruta del dinero K está a estudio de la Cámara de Casación que no llegó a resolver antes de la feria judicial por la complejidad de la causa en cuanto a la cantidad de imputados y porque los jueces analizan detalladamente esos delitos precedentes. Y recordemos que, en otro tramo de esta causa, el juez Sebastian Casanello continúa investigando si existe algún vínculo entre el empresario santacruceño y la vice.

Pero no es la única causa contra Cristina Fernández de Kirchner. El 2023 la Cámara Federal de Casación penal deberá dar respuesta en Memorándum con Irán y Hotesur/Los Sauces. Tal vez, esta última es la que más preocupa a la vicepresidenta puesto que allí, de revocarse el sobreseimiento dispuesto por el TOF 5, avanzaría hacia un nuevo juicio oral y compartiría el banquillo de los acusados junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Una foto que a toda costa quisiera evitar.

En estos dos casos también se esperaban decisiones previo a la feria de verano, pero el voto de la nueva presidenta de Casación para 2023 se demoró, por lo que se espera que para el inicio del año judicial la protagonista vuelva a ser la vicepresidenta que quiere que en esas dos causas se confirmen sendos sobreseimientos dictados por diferentes tribunales.

En Memorándum, el fiscal ante Casación Javier De Luca no sostuvo el recurso de su par ante los tribunales Marcelo Colombo y consideró que hay que confirmar la decisión del Tribunal Oral Federal 8. En cambio, Mario Villar avaló la apelación de Diego Velasco en las causas Hotesur/Los Sauces y consideró que debe avanzar hacia la etapa de juicio oral y apartar a los dos jueces que por mayoría resolvieron que no había delito. 

Por otro lado, la causa Dólar Futuro, donde también se vio beneficiada con un sobreseimiento, ahora está a estudio de la Corte Suprema luego de que el fiscal Raúl Pleé apelara la decisión tomada por Casación.

Pero otra causa que enfrenta la vicepresidenta es la conocida como Cuadernos. Allí también aparece imputada como jefa de una asociación ilícita y se encuentra ante el Tribunal Oral Federal 7 que en noviembre pasado, en el expediente sobre la cartelización de obra pública, le dio la posibilidad a las partes de ofrecer pruebas y testigos de cara a avanzar en esta etapa preliminar para luego fijar fecha de inicio de juicio oral.

Aquí no será la excepción y, a través de sus abogados, la vicepresidenta intentará buscar la nulidad, previo a que se fije fecha de juicio, puesto que entre las medidas que solicitó su defensa fue realizar pericias sobre los cuadernos (que en una causa que tiene el juez Martinez de Giorgi ya se determinó que había irregularidades en algunos) y por otra parte quiere saber si los “arrepentidos” fueron coaccionados. 

Como vemos será un año movido en términos judiciales sin dejar de mencionar las causas en las que es querellante y por la cual ha pedido varias medidas que le fueron rechazadas en su mayoría. Hablamos del expediente por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado y que, previo a la feria, la Cámara Federal ordenó que se le tome ampliación indagatoria a Gabriel Carrizo, sindicado como el líder de Los Copitos, porque la querella considera que está más implicado en el hecho y sólo se lo procesó como partícipe secundario. 

En tanto, en la causa que investiga a los integrantes de Revolución Federal, el juez Marcelo Martinez de Giorgi rechazó en los últimos días el pedido efectuado por Cristina Fernández de Kirchner para que se detenga nuevamente a Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa ya que entendió que la situación no se modificó desde que fueron liberados por orden de la Cámara Federal. Por otra parte, rechazó el pedido de allanamiento de la casa de su vecina Ximena De Tezanos Pinto y citar a indagatoria a Rossana Caputto quien habría contratado a Morel para la realización de muebles que la vice cree que fue para financiar a la organización que estuvo detrás de su atentado. A la vez, apunta contra el diputado del PRO Gerardo Milman. 

MDZ