Ante el Tribunal Oral Federal 2 ( TOF2) comenzarán los alegatos en la causa que se conoce como el direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa insignia del empresario santacruceño Lázaro Báez, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusada como jefa de una asociación ilícita.
Según el cronograma previsto la audiencia comenzará a las 9.30 de este lunes, con la exposición de la Unidad de información financiera, que es querellante en el proceso, que contará con tres jornadas, lunes, miércoles y viernes de esta semana. Esto se decidió luego de que el TOF 2 rechazara en la última audiencia del 27 de junio postergar para el 16 de agosto el inicio de los alegatos en el juicio oral como había pedido el abogado del organismo Diego Duarte al considerar que necesitaban más tiempo para hacerlo. Uno de los argumentos fue que la oficina anticorrupción que desistió de ser querellante comenzaría el 11 por lo que estaba previsto que ellos lo hicieran en agosto.
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Luego será el turno del fiscal Diego Luciani quien solicitó 9 audiencias para su alegato y finalmente será el turno de las defensas de los 13 imputados, entre los que se encuentra la vicepresidenta.
El 21 de mayo de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete como también el empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas al Grupo Austral Construcciones por 46 mil millones de pesos.
Junto a la vicepresidenta son juzgados el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
En diciembre de 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al solicitar la elevación a juicio tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.
La Fiscalía entendió, en su extenso documento, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.
El 21 de junio pasado la Corte Suprema allanó el camino del juicio al rechazar los planteos de la vicepresidenta para anular el debate oral. Los jueces del Máximo Tribunal entendieron que el recurso extraordinario federal deducido era inadmisible puesto que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Además, los jueces manifestaron que “no logra advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa -negativa que, también alcanzó a las partes acusadoras y a otros coimputados- podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones cuando, como se dijo, dicho agravio podrá, eventualmente y de corresponder, disiparse en oportunidades futuras. En otras palabras, no se advierte que la intervención anticipada de este Tribunal perseguida por la defensa tenga otro objeto que revisar decisiones que afectan intereses particulares”.
Además, agregaron que las afirmaciones del tipo de que “se estaría intentando generar así alguna noticia de impacto en plena campaña electoral”, o que “se habrá de intentar utilizar este expediente con fines políticos e impropios, poniendo en riesgo las instituciones democráticas del país” aparecen como meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa.
“El hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esa conclusión. No es posible pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte. Ninguna norma de la Constitución Nacional, ni de las leyes pertinentes, autorizan a concluir que la competencia del Tribunal tiene ese alcance”.
En definitiva la Corte resolvió tres planteos que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Alberto Beraldi. El primero porque el Tribunal Oral no aceptó toda la prueba que propuso la defensa, el segundo por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal, y el tercero porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.
El debate oral de este modo comienza a transitar su última etapa ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso quienes estos últimos días estuvieron en boca de la opinión pública por un hecho de suma gravedad ocurrido en el Consejo de la Magistratura y fue que sus sobres-y los de otros magistrados- con declaraciones juradas fueron abiertos durante el fin de semana largo de junio, hecho que ya se encuentra judicializado a cargo del juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González que el viernes pasado pidió una batería de medidas para avanzar con la investigación.