Organizaciones feministas repudian cambios en Ley Ómnibus: consideran un retroceso

Javier Milei envió al Congreso de la Nación Argentina el controvertido proyecto de la Ley Ómnibus, que abarca diversas áreas, incluyendo modificaciones a la Ley de los 1000 días sancionada en diciembre de 2020. Entre las reformas propuestas, se destaca el cambio en el lenguaje utilizado, eliminando términos como "personas gestantes" y "violencia de género".

El proyecto busca modificar el artículo primero de la Ley de mil días, eliminando el lenguaje inclusivo utilizado en la legislación vigente. En lugar de referirse a "personas gestantes," la propuesta utiliza el término "madres" y sustituye "niñas" por "niños por nacer." Además, introduce la expresión "vida desde la concepción," un cambio significativo en relación con la ley de aborto legal.

La inclusión del término "madres" en lugar de abordar de manera inclusiva a "mujeres embarazadas y personas gestantes" excluye a hombres trans que también pueden gestar, generando preocupación entre las organizaciones feministas.

Organizaciones feministas expresaron su rechazo a las modificaciones propuestas, considerándolas un retroceso en términos de derechos. María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, señaló que la reforma contradice el derecho al aborto voluntario, al considerar a los "niños" desde la concepción hasta los 3 años.

Además, las organizaciones manifestaron preocupación por la derogación de la producción pública de medicamentos, lo cual afectaría la disponibilidad de insumos para procedimientos como la interrupción voluntaria del embarazo.

El proyecto de Ley Ómnibus también plantea cambios en la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñen en la función pública. Se propone limitar la implementación de esta ley solo a las personas que trabajen en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Ante estas modificaciones, las organizaciones feministas anunciaron movilizaciones y acciones de resistencia. Gabriela Sosa, referente de Mumalá, destacó que las iniciativas del Gobierno afectan a toda la sociedad, especialmente a mujeres y disidencias, y llamó a la unidad para resistir los retrocesos en materia de derechos.

Las críticas apuntan a una posible vulneración de derechos conquistados, como la autonomía para decidir sobre el cuerpo, la atención de la salud y la planificación familiar. La movilización y resistencia se posicionan como estrategias clave para enfrentar las propuestas que, según las organizaciones, representan un riesgo para los avances logrados en términos de justicia social y equidad de género.