Argentina y FMI y una nueva reunión clave para destrabar distintas dificultades

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen ya todo negociado y cerrado, y sólo resta que las partes tomen la decisión final, la que será más política que económica.

Los saben los funcionarios argentinos que negocian con la repartición mundial que conduce Kristalina Georgieva, encabezados por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; el encargado de las relaciones con organismos internacionales, Marco Lavagna; y el jefe de asesores de Sergio Massa, Leonardo Madcur, por un lado, y el flamante tándem delegado por el Fondo para discutir con Argentina, el nuevo director gerente para el Hemisferio Occidental y el encargado ya añoso para el caso local, Luis Cubeddu.

Prácticamente, todas las encrucijadas originales nacidas luego de la decisión de renegociar el acuerdo de Facilidades Extendidas, firmado en marzo de 2022 y que está suspendido desde comienzos de mayo, ya están resueltas. Incluyendo el monto que el FMI girará al país (unos U$S10.600 millones), la manera en que se redefinirán los pagos del 2023 en un nuevo cronograma a partir del 2024 y la promesa de aumentar las tarifas de los servicios públicos e intentar que este año avance el revalúo inmobiliario.

Sólo resta definir una cuestión. La más importante, y la políticamente más compleja de resolver: a qué está dispuesta la Argentina en cuanto a su política cambiaria. Formulado el dilema de otra manera, sería: ¿Está dispuesto el gobierno de Alberto Fernández, bajo conducción económica de Sergio Massa a devaluar un 30% aproximadamente (o más) para poder recibir el dinero; aunque sea de manera gradual vía crawling peg o vía shock.

El punto es que este dinero no podrá utilizarse de manera directa, para ejecutar política cambiaria, sino que únicamente deberá servir para vidriera de divisas para fortalecer las reservas del Banco Central. Dicho en términos de Buenos Aires: ¿políticamente, Fernández y Massa podrán hacerse cargo de una decisión devaluatoria, cuando el kirchnerismo lo considera una blasfemia?

Respuesta del Fondo

El equipo económico no tiene la respuesta. Ni podría avanzar en una negociación más firme con el tándem Valdés- Cubeddu, sabiendo que hacia adelante lo que se viene es una decisión política más que económica, que debe tomarse entre la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y el Senado, que quedará en la retina del final de una gestión que debería transitar este pantano en medio de una campaña electoral. Sin más vueltas, el peor escenario posible para un gobierno que prometió alejarse lo máximo posible de las exigencias de Washington.

Así, éstas son horas políticamente cruciales. Pero la decisión no deberá esperar más allá de fin de mes. O, estirando los plazos al máximo, unos pocos días comenzado junio. Los tiempos se aceleran, dado que el 30 del próximo mes cae un nuevo vencimiento de US$3.450 millones con el FMI, correspondientes al segundo pago comprometido dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas, el que según lo negociado con Valdés- Cubeddu tendría que ser corrido más allá de 2024, pero con el dinero comprometido por el organismo llegando al Central en tiempo y forma. 

Como contó este medio la semana pasada, Rodrigo Valdés aparece cada vez con mayor regularidad del otro lado de la pantalla. El director para el Hemisferio Occidental llegado a su puesto el 1 de mayo, asumió sin mayores premisas o cuestionamientos, su rol de principal referente del FMI ante Argentina, dentro de discusión por los nuevos términos del acuerdo de Facilidades Extendidas hoy suspendido.

La discusión

Y desde su llegada al puesto demostró que tomó la negociación con el país como su máxima responsabilidad, sin esconder estilos ni creencias. Y, según se percibe desde Buenos Aires, hay en el economista chileno, mucho de profesionalismo y poco de político.  

Las pautas que se discuten entre Washington y Buenos Aires vía zoom, implican lo siguiente:

1) No habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos U$S4.500 por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos U$S13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del crédito Stand By, lo que implica pagos por unos U$S3.500 millones.

En síntesis, esos US$13.500 millones tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales de julio, setiembre y diciembre por un total de U$S10.500 millones. El resto del dinero, unos U$S3.000 millones corresponden a otros gastos generales que el país tiene con el FMI.

Lo que el organismo propone, es que los tres pagos comprometidos por el Stand By firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma que comenzaría en marzo del 2023, pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así, el Gobierno recibiría unos US$10.500 millones, los que, al no tener que ser girados al FMI, quedarían para reforzar las reservas del Banco Central.

2) Argentina debería comprometerse, a cambio, a ejecutar políticas de contracción fiscal de manera inmediata, incluyendo la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, avanzar en el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública y otros frentes de gastos e ingresos. Se duda en el FMI de negociar la meta final de un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. 

3) Los US$10.500 millones no pueden utilizarse para ejecutar política cambiaria para contener el valor actual de la divisa en los diferentes mercados, con lo que operaciones como la que comenzó a aplicar el Gobierno en el MEP y el CCL estarían prohibidas. Queda para la negociación si, además, se reclama una devaluación del peso o algún tipo de intervención directa en los mercados cambiarios con estas divisas.

4) El FMI reclama acuerdos políticos. Esto incluiría algún tipo de apoyo de la oposición, dado que parte de la negociación implica el corrimiento de vencimientos de este año al próximo, cuando, algo seguro, ya no estará Alberto Fernández en la Casa de Gobierno; sea de quién sea el color político que venza en las elecciones de este año.