¿Por qué el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero no la aplicará de inmediato?

Este lunes, el Gobierno promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su aplicación quedó suspendida hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir los gastos que demanda.

La decisión se oficializó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la implementación plena de la ley implicaría un impacto fiscal equivalente al 0,35 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que hace inviable su ejecución inmediata con el presupuesto vigente.

El costo fiscal estimado de la emergencia

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la creación de la nueva pensión y otros beneficios previstos demandarían más de $3 billones en 2025. Solo la pensión representaría un gasto de $2,1 billones ese año y de $4,7 billones en 2026.

Además, el Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones no contributivas, requeriría $574.200 millones adicionales en 2025 y más de $1,2 billones en 2026. A esto se suma la compensación económica de emergencia para prestadores, calculada en $278.323 millones.

El Gobierno advirtió que el presupuesto actual "no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación" y que, incluso reasignando partidas, no se lograría cubrir el costo total.

Ajustes presupuestarios y expectativa en el Congreso

Pese a la suspensión de la ley, el Ejecutivo avanzó con una readecuación presupuestaria a través de la Decisión Administrativa 24/2025, que refuerza los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre.

La medida busca dar respuesta al reclamo de actualización de los prestadores del sistema, aunque no reemplaza la implementación de la ley de emergencia.

El oficialismo sostiene que será el Congreso quien deba establecer el financiamiento necesario y aprobar las partidas correspondientes para que la normativa pueda ponerse en marcha en los próximos meses.