Senado sancionó emergencia hasta 2026 ¿Qué cambia con la nueva ley de discapacidad?

El Senado ratificó hoy la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y de orden público, lo que garantiza su aplicación en todo el territorio nacional. Con esta sanción, se consolida una política urgente destinada a revertir brechas en cobertura y atención.

Ajustes que alivian bolsillos y obligaciones

La ley establece una actualización de prestaciones para compensar la inflación desde 2023 y ordena el pago urgente de las deudas a prestadores, junto con una revisión mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas acorde a los índices del INDEC.

Pensiones dignas y activas

Las pensiones no contributivas por discapacidad se fijan ahora en el 70 % del haber mínimo jubilatorio, y quienes reciban este beneficio podrán trabajar libremente siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.

Financiamiento y alcance presupuestario

El Estado nacional financiará una compensación de emergencia para los prestadores. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal podría oscilar entre 1.9 y 3.6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevos beneficiarios -entre 493 mil y 946 mil personas- que se registren bajo el nuevo régimen.

Transparencia y derechos laborales garantizados

La Agencia Nacional de Discapacidad implementará una auditoría con enfoque inclusivo y garantizando el debido proceso, con notificaciones fehacientes y acceso claro a la información. Además, la ley exime a los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado del 50 % de las contribuciones patronales y aportes previsionales durante tres años, promoviendo empleo formal y sostenido.

Conclusión
La sanción de esta ley representa un avance significativo en materia de derechos sociales y equidad: refuerza el sistema para personas con discapacidad, alivia la carga sobre prestadores y empleadores e impulsa una inclusión laboral real. Se abre un camino para fortalecer la justicia social y económica en el país.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)