¿Qué cambia con la reforma de la Ley de Tierras Rurales?

El proyecto se denomina oficialmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado bajo el expediente PE-13/26. Aunque abarca expropiaciones, desalojos, registros inmobiliarios y manejo del fuego, uno de sus capítulos más discutidos modifica el régimen de compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La discusión fue interrumpida el 16 de julio y el Senado resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 6 de agosto. El proyecto todavía no es ley: en caso de obtener la aprobación de la Cámara alta, deberá ser tratado posteriormente por la Cámara de Diputados.

La Ley 26.737, cuya vigencia fue restituida mediante una medida cautelar, fija actualmente un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales. Ese porcentaje se aplica sobre el territorio nacional, cada provincia y cada municipio o departamento.

Además, una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo permitido y un mismo propietario extranjero no puede superar las mil hectáreas en la zona núcleo o su superficie equivalente. La norma también restringe las adquisiciones de inmuebles que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes y establece controles especiales en zonas de seguridad fronteriza.

El dictamen de mayoría emitido en el Senado elimina varios de esos límites para inversores privados extranjeros y permite que cada provincia autorice, regule o prohíba las operaciones dentro de su jurisdicción. "El objetivo de esta ley es salir de una visión centralista", sostuvo la senadora Patricia Bullrich durante el debate en comisiones.

Sin embargo, las negociaciones continuaron después del dictamen. El último borrador difundido por medios propone elevar del 15% al 25% el máximo de tierras rurales extranjerizadas dentro de cada provincia, aunque esa redacción todavía no fue incorporada a un texto definitivo publicado oficialmente. También desaparecerían los límites municipales o departamentales, el tope por nacionalidad y el máximo de superficie para cada comprador.

Los números que explican la preocupación patagónica

Los últimos datos oficiales disponibles indican que aproximadamente 13,2 millones de hectáreas, equivalentes al 4,97% de la superficie rural argentina, están en manos extranjeras. Ninguna provincia supera el límite general del 15%, pero más de treinta departamentos ya se encuentran por encima de ese porcentaje.

Santa Cruz registra alrededor de 1.905.000 hectáreas extranjerizadas, el 8,11% de su superficie rural. El porcentaje provincial se encuentra por debajo del límite, pero la situación cambia cuando los datos se analizan por departamento.

En Magallanes, la propiedad extranjera alcanza el 25,77%, con más de 509 mil hectáreas. En Güer Aike, donde se encuentra Río Gallegos, llega al 12,86%, mientras que Lago Argentino registra un 10,69%.

La concentración también aparece en otros puntos de la Patagonia. El departamento Lácar, en Neuquén, registra un 54,17% de extranjerización, mientras que Cushamen, en Chubut, alcanza el 22,90%. Estos datos muestran que un promedio provincial bajo puede esconder una concentración elevada en una zona cordillerana o estratégica.

Durante su exposición ante el Senado, el investigador Matías Oberlin Molina señaló que la Ley de Tierras no fue creada para impedir la llegada de personas que buscan vivir o producir en el país, sino para "restringir desde el exterior el control de nuestros territorios".

Por qué podría afectar a los habitantes de la Patagonia

El primer riesgo es una mayor concentración de la tierra. Si desaparece el control por departamento, un comprador podría acumular grandes extensiones en una zona específica, aunque el promedio total de la provincia permanezca dentro del porcentaje permitido.

Esto podría elevar el precio de los campos y dificultar el acceso de pequeños productores, familias rurales, cooperativas y emprendimientos locales. En localidades con poca población y grandes superficies, una sola operación puede modificar el mercado inmobiliario y aumentar el poder económico de un propietario frente a los municipios y las comunidades.

Otro punto sensible es el acceso a lagos, ríos, costas, caminos y zonas de pesca. La adquisición de un campo no transforma automáticamente el agua o el subsuelo en propiedad privada, pero controlar los terrenos que rodean esos espacios puede dificultar el ingreso público y condicionar su aprovechamiento turístico, recreativo o productivo.

También se discute el valor estratégico de las tierras patagónicas. Muchas están ubicadas cerca de pasos internacionales, reservas de agua dulce, bosques, áreas mineras, yacimientos de hidrocarburos o corredores turísticos. Por ese motivo, los cuestionamientos no se centran solamente en la nacionalidad del comprador, sino en la extensión adquirida, su localización y los mecanismos estatales disponibles para controlar la operación.

La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen conserva las restricciones para bosques nativos, áreas protegidas y humedales, pero elimina para otras tierras rurales el plazo de 30 años que impedía venderlas o cambiar su uso después de un incendio. En una región afectada regularmente por incendios forestales y rurales, este cambio suma otra preocupación vinculada con la especulación inmobiliaria.

Los defensores del proyecto consideran que las restricciones nacionales desalientan inversiones y sostienen que cada provincia debe decidir de acuerdo con sus necesidades productivas. Sus críticos advierten que la inversión extranjera no garantiza por sí sola empleo, producción ni desarrollo local, especialmente cuando la compra tiene fines inmobiliarios, extractivos o de reserva de valor.

El eje del debate, entonces, no pasa por rechazar toda inversión extranjera, sino por determinar qué límites deben existir para evitar la concentración, proteger el acceso a bienes comunes y asegurar que el desarrollo territorial beneficie a quienes viven y producen en la Patagonia. (Fuente: El Diario Nuevo Día)