Quieren prohibir la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en provincia de Buenos Aires

El bloque de diputados bonaerenses de UCR-Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley que busca frenar el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos, especialmente en los adolescentes. La iniciativa, basada en datos del SEDRONAR que el gobierno nacional debería haber tenido en cuenta para no desregularlos, tiene como objetivo prohibir su comercialización en la provincia de Buenos Aires.

El freno que buscan poner al vapeo en la Legislatura bonaerense

El proyecto de ley impulsado por la presidente del bloque radical Alejandra Lordén se encamina a convertirse en la principal resistencia a la Resolución 549/2026 de la Secretaria de Salud de la Nación y la ANMAT que flexibilizaron las restricciones para estos dispositivos electrónicos de nueva generación.

La iniciativa de los diputados radicales, no anda con medias vueltas. Es tajante en su articulado, prohibiendo la venta, distribución, almacenamiento comercial, importación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y bolsas de nicotina, "con independencia de la habilitación que pudiera otorgar la autoridad sanitaria nacional".

De este modo plantean un abierto desafío a la normativa del gobierno nacional que desregulo la venta de estos productos, sustentándose en la autonomía provincial.

Los vapeadores, un peligro silencioso que avanza en las escuelas

Los fundamentos del proyecto se apoyan en una estadística demoledora que enciende las alarmas en escuelas del conurbano y del interior bonaerense. Según datos oficiales de la SEDRONAR, el 35,5% de los estudiantes secundarios de entre 13 y 17 años consume vapeadores o cigarrillos electrónicos, convirtiéndose en una de las sustancias de mayor consumo en esa franja etaria.

Frente a este escenario, la legisladora radical Alejandra Lordén dijo a MDZ: "Estamos frente a una problemática sanitaria que avanza de manera silenciosa entre nuestros jóvenes -agregando- No podemos naturalizar dispositivos que generan adicción y que representan un riesgo concreto para la salud respiratoria, cardiovascular y neurológica".

Para Alejandra Lordén, las estrategias de promoción de las empresas que comercializan estos dispositivos están fríamente calculadas para captar adolescentes. "Muchos de estos dispositivos están diseñados para resultar atractivos entre los adolescentes, con sabores, formatos y estrategias de promoción que banalizan sus efectos. Tenemos la responsabilidad de poner límites claros y cuidar a las nuevas generaciones antes de que el problema siga creciendo", advirtió la diputada

Caza digital a influencers y multas feroces

El texto de la normativa es especialmente severo con el universo digital, el hábitat natural donde se promocionan vapeadores, cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina, prohibiendo cualquier acción de marketing, patrocinio o publicidad a través de redes sociales, plataformas de streaming e Influencer.

Tampoco se permitirá la venta mediante aplicaciones móviles o plataformas de comercio electrónico si el destino final es la provincia de Buenos Aires. De convertirse en Ley, quienes la infrinjan deberán hacer frente a multas millonarias, clausuras temporarias e inhabilitación comercial.

Las multas se miden en Unidades Fijas (UF) vinculadas al precio de la nafta premium y contemplan castigos severos:

• Para infracciones graves, se estipulan multas de hasta 100.000 UF y la clausura temporaria del local.
• Si la venta es detectada hacia menores de 18 años, la penalización escala hasta un millón de UF, sumado a la clausura definitiva y la inhabilitación comercial por 5 años.
• Se creará un Registro Provincial de Infractores que bloqueará la renovación de cualquier habilitación comercial.

Es de destacar que el proyecto estipula que lo recaudado por el cobro de las multas no irá a rentas generales de la provincia de Buenos Aires, sino que será destinado exclusivamente a programas de prevención de adicciones y salud adolescente.

Cajas, intendentes y la tensión que viene

El proyecto abre además un frente de control directo sobre la calle, dándole la potestad a los ministerios de Producción y de Salud bonaerenses para ordenar el decomiso inmediato y la destrucción de la mercadería sin derecho a indemnización.

A su vez, delega en los intendentes el poder de policía local para fiscalizar los comercios de cercanía, transformando la fiscalización en una herramienta de presión política territorial.

"El Estado provincial tiene la obligación de actuar y proteger a las nuevas generaciones. La salud pública y el interés superior de niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier interés comercial", concluyó la diputada provincial y titular del bloque UCR- Unión Cívica Radical Alejandra Lordén.

Asimismo, la iniciativa, establece un plazo de adecuación de 30 días para que los comercios retiren su stock.

El proyecto de Ley, presentado por el bloque UCR- Unión Cívica Radical; es una de las tantas iniciativas que esperan en mesa de entradas de la Legislatura bonaerense, que el peronismo dirima su interna para que la casa de leyes de la provincia de Buenos Aires recupere la actividad secuestrada por la lucha de poder de las tribus peronistas.