Reforma laboral: el Gobierno busca votos y negocia con provincias
El Gobierno nacional avanza con la reforma laboral y refuerza el diálogo con los gobernadores para asegurar su aprobación en el Senado. Sin embargo, un apartado impositivo del proyecto genera tensiones por su impacto en la coparticipación.
El Gobierno nacional comenzó a mover fichas de cara al debate de la reforma laboral en el Senado, previsto para febrero. Con una base propia insuficiente, el oficialismo necesita el respaldo de los gobernadores para alcanzar la mayoría requerida y convertir el proyecto en ley.
El encargado de encabezar las negociaciones es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien intensificó las reuniones con mandatarios provinciales luego del triunfo del Presupuesto. La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios, por lo que requiere al menos 16 voluntades adicionales que dependen directamente de las provincias.
Giras, apoyos y votos en disputa
En ese marco, Santilli retomó una agenda de recorridas por el interior del país. En Chubut, se reunió con el gobernador Ignacio Torres, mientras que en Chaco mantuvo encuentros con Leandro Zdero, quien expresó su respaldo al proyecto oficialista. "Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre", afirmó el mandatario chaqueño.
También se esperan reuniones con otros gobernadores clave, como el mendocino Alfredo Cornejo y el pampeano Sergio Ziliotto. En Casa Rosada confían en sumar apoyos entre los senadores que responden a mandatarios provinciales que ya acompañaron iniciativas anteriores del Ejecutivo.
El punto impositivo que genera tensión
Pese al respaldo general a una reforma que apunte a reducir el empleo informal, el proyecto incluye un artículo que encendió alertas en las provincias. Se trata del artículo 191, que reduce la recaudación del Impuesto a las Ganancias y afecta directamente a los fondos coparticipables.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la medida implicaría un costo fiscal del 0,22% del PBI, equivalente a 1,9 billones de pesos. De ese total, $1,12 billones corresponderían a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde algunos gobiernos provinciales reconocen el malestar y evalúan negociar para que la Nación absorba el impacto en una primera etapa. En Balcarce 50 saben que la reforma laboral es una prioridad política y un eventual triunfo legislativo enviaría una señal clave a los mercados y organismos internacionales, por lo que las negociaciones seguirán abiertas en las próximas semanas.

