Renovación y reformas: los pilares del Congreso que se imagina el Gobierno para las sesiones extraordinarias

Con el sostenimiento de la estabilidad macro y tras dos cambios drásticos en el Gabinete, Casa Rosada se enfoca ahora en el Congreso de la Nación. Ya adelantó su próximo paso, con la confirmación de sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, que podrían prolongarse para los meses posteriores para tratar una agenda ambiciosa: Presupuesto 2026, reforma laboral, nuevo esquema tributario y modificación del Código Penal. En la oposición preveían este movimiento. "Necesitan tenernos en extraordinarias. Si no, ¿a quién le van a echar la culpa de la recesión?", analizó un diputado.

El bloque de La Libertad Avanza está fortalecido. Es lógico el impulso electoral y también los cambios de bando: en una semana, cinco diputados del PRO y una senadora del mismo partido se incorporaron a su bancada. Ahora tienen 21 miembros en el Senado y 88 legisladores puros en la Cámara baja. Muchos de ellos participaron este martes de un encuentro de poco menos de una hora con Javier Milei, en donde también participaron aliados: los radicales libertarios y referentes del PRO, incluyendo el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli. Él junto a Cristian Ritondo encabezaron un encuentro de parlamentarios amarillos, horas después.

El primer objetivo, y el más demandado por sus aliados legislativos, es el proyecto del Presupuesto 2026 que el Gobierno -incluso a su pesar- logró dictaminar con una mayoría en las comisiones. El proyecto original presentado por Javier Milei no incorpora las demandas de las provincias, que insisten por obras públicas y herramientas financieras, por lo que se especula con que se postergue la discusión tras la renovación parlamentaria del 10 de diciembre. Es entonces que se deberá tratar un nuevo dictamen en el que la redacción de La Libertad Avanza concentre respaldos con menores reticencias de los bloques afines (UCR, PRO y provincialistas).

Diputados

La consolidación del equilibrio fiscal como status quo es un triunfo político libertario que incluso los más opositores (que confrontan cómo se llega al superávit, pero no ese objetivo como fin en sí mismo) no pueden eludir. El dictamen de los espacios del "centro" (Encuentro Federal, Democracia para Siempre, MID) experimentó una vía que conservaba superávit con la implementación de las leyes aprobadas por el Congreso, pero el Gobierno se blindó discursivamente con aumentos consecutivos para el sector de discapacidad y emergencia pediátrica. Si no son -tan- intransigentes con las provincias, los apoyos para el Presupuesto 2026 están al caer.

Las reformas prometidas en campaña

Luego del recambio se presentarán otras dos reformas que, para sostener la narrativa del dialoguismo, el Gobierno enmarcaría como resultado del trabajo del Consejo de Mayo. La propuesta que se mantiene con mayor hermetismo es el nuevo esquema impositivo, pero Ámbito ya pudo acceder a la otra iniciativa: la reforma laboral.

Aunque se reiteró la posibilidad de una extensión de la jornada laboral, esta no sería una prioridad como sí lo es la modificación del esquema de indemnizaciones por despido, apelando a enfrentar lo que denominan "la industria del juicio". Un sistema posible sería establecer un límite una indemnización de diez sueldos sin contar aguinaldo, es decir que los trabajadores con diez años o más percibirían la misma suma. También se discute el fraccionamiento de vacaciones y una nueva regulación de las licencias por enfermedad, que podría implicar una reducción del salario percibido o bien un nuevo sistema de certificación con médicos peritos del Ministerio de Capital Humano.

En su presentación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el secretario de Trabajo Julio Cordero ratificó la política oficialista con respecto a los salarios básicos por convenio, que serán desplazados por un "plan de incremento salarial dinámico" y en sus expectativas generarían "que los empleadores les paguen más y mejor a los trabajadores que generan un diferencial y se destaquen". Una propuesta que podría incluirse es la conformación de un "banco de horas" para establecer una organización variable de distribución de la carga horaria del trabajador, según los períodos de mayor trabajo, lo que desplazaría la herramienta de las horas extras.

Finalmente, y desde el Senado, Patricia Bullrich iniciaría el tratamiento de lo que presentó en campaña como el Plan Nacional de Tolerancia Cero con el Crimen. Se trata de una reforma del Código Penal, que determinaría la imprescriptibilidad para delitos graves (como homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros extorsivos y narcotráfico) y subiría penas para el delito de hurto, que podría implicar una prisión de hasta tres años. La modificación del régimen de legítima defensa y la ley "antibarras" son otras de las prioridades de la funcionaria que dejará el Ministerio de Seguridad, mientras se mantienen las dudas sobre la propuesta oficialista de Régimen Penal Juvenil: mientras que en Diputados se avanzó con un proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años, Bullrich prometió fijarla en 13.