Retiros voluntarios con pagos de hasta $80 millones: cómo funciona el plan

El Gobierno nacional puso en marcha un programa de retiros voluntarios para empleados del organismo previsional que administra jubilaciones y asignaciones en todo el país. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reducir la estructura del Estado y avanzar en un esquema de modernización administrativa y recorte del gasto público.

El programa se denomina Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y establece un mecanismo de finalización del vínculo laboral por acuerdo entre el trabajador y el organismo.

Desde el Gobierno señalaron que la decisión se enmarca en las políticas de reorganización estatal impulsadas por la gestión nacional. "La medida busca avanzar en la transformación del Estado y mejorar la eficiencia del gasto público", indicaron fuentes oficiales. 

Pagos de hasta $80 millones según la antigüedad

El esquema contempla una gratificación extraordinaria equivalente al 90% de un salario por cada año trabajado.

El cálculo se realizará sobre las remuneraciones habituales y tendrá un límite de hasta 24 haberes brutos.

De acuerdo con la resolución, el monto se pagará en una sola cuota cuando no supere los $80 millones. En caso de superar ese valor, el pago se realizará en dos cuotas mensuales consecutivas.

La implementación estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, que deberá coordinar los acuerdos y su posterior validación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Además, quienes acepten el retiro voluntario deberán firmar una declaración en la que conste que no tienen reclamos laborales pendientes. 

Quiénes pueden adherirse y hasta cuándo hay plazo

Podrán solicitar su adhesión al programa los trabajadores que tengan al menos dos años de antigüedad dentro del organismo.

Sin embargo, la aprobación final dependerá de la evaluación de cada caso por parte de las autoridades.

La normativa también establece restricciones. Quedan excluidos del plan:

• empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública

• trabajadores con sumarios disciplinarios abiertos

• quienes tengan litigios laborales en curso

• personas que hayan iniciado su trámite jubilatorio

• empleados mayores de 62 años

Además, quienes acepten el acuerdo no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años.

El plazo para adherirse al programa se extenderá hasta el 5 de abril. En casos especiales, como licencias por maternidad u otras situaciones similares, la firma del acuerdo podrá realizarse una vez finalizado ese período.

La medida forma parte de un proceso más amplio de reorganización estatal que, según el Gobierno, prevé nuevas reducciones de personal en distintos organismos durante los primeros meses del año.(IProfesional)