Senado: cómo impactaría la nueva norma que elimina las restricciones en la compra de tierras por parte de extranjeros

Tras varios intentos fallidos por falta de consenso político, el oficialismo buscará sancionar este jueves en el Senado el proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la propiedad privada". La iniciativa, diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se convirtió en la prioridad de la bancada de La Libertad Avanza, presidida por Patricia Bullrich, para una sesión en la que también se prevé aprobar una treintena de pliegos judiciales. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el texto original debió ser modificado de forma sustancial en casi todos sus capítulos para destrabar el debate, lo que incluyó la eliminación completa del apartado referido a los barrios populares, cuya redacción inicial había despertado fuertes advertencias de la Iglesia por el riesgo de una ola de desalojos.

Uno de los ejes centrales de la reforma pasa por el mercado inmobiliario rural, donde se eliminan las restricciones vigentes para que los ciudadanos extranjeros adquieran tierras. A partir de ahora, cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre su territorio y tendrá la potestad de autorizar estas operaciones. Sin embargo, para el caso de las zonas de frontera, se requerirá de manera obligatoria el doble aval del gobierno provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.

 El proyecto prohíbe explícitamente que los Estados extranjeros o empresas con participación estatal foránea compren campos, salvo que consigan la habilitación excepcional de ambas jurisdicciones. Para agilizar los trámites, se aplicará el principio de silencio administrativo, reconociendo el derecho de propiedad de pleno derecho si las autoridades no plantean reparos dentro de un plazo de 180 días.

En materia habitacional, la legislación introduce el mecanismo del desalojo exprés para inmuebles usurpados o tenedores precarios. En estos casos, el juez interviniente podrá ordenar la inmediata restitución del bien en un plazo de 72 horas si el propietario acredita su titularidad mediante prueba documental verosímil y bajo caución juratoria. 

Cuando el conflicto involucre a inquilinos morosos, el dueño deberá intimar al pago mediante carta documento o correo electrónico, otorgando al menos 10 días corridos para regularizar las deudas; si el incumplimiento persiste, quedará habilitado para iniciar una acción de desalojo que se ejecutará en 10 días hábiles. Durante este proceso, el propietario estará obligado a recibir las llaves sin imponer condiciones, aunque podrá dejar constancia escrita de los saldos pendientes para reclamar más adelante. Asimismo, ante la presencia de menores o adultos desamparados, la Justicia dará intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo de un límite máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria sin que esto interrumpa el desalojo.

El proyecto también avanza sobre las facultades de expropiación del Estado, determinando que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse bajo un criterio estrictamente restrictivo y con una fundamentación clara del fin perseguido. La reforma fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y establece que la tasa de interés aplicable para los pagos se ajustará por el Índice de Precios al Consumidor más la tasa a treinta días del Banco Nación. 

Finalmente, en lo que respecta al manejo del fuego, se deroga la prohibición de 30 años para modificar el uso del suelo de campos, pastizales, matorrales y áreas periurbanas que hayan sufrido incendios. De todos modos, la protección ambiental se mantendrá intacta para el caso de los bosques nativos y humedales, donde continuará rigiendo la veda de 60 años fijada por las normativas vigentes.

(Con información de Noticias Argentinas)