Solo 8 provincias adhirieron al plan de deuda nacional

El Gobierno nacional resolvió ampliar en 60 días hábiles el plazo para que las provincias se adhieran al régimen de compensación de deudas con el Estado. La medida quedó formalizada el miércoles 25 de marzo de 2026 mediante el Decreto 171/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Este mecanismo permite cancelar obligaciones mutuas entre Nación y las jurisdicciones a través de distintas herramientas como compensaciones, conciliaciones y acuerdos. El objetivo es ordenar las cuentas públicas y reducir litigios financieros entre las partes.

Según se informó, aquellas provincias que aún no se sumaron deberán manifestar su voluntad ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía dentro del nuevo plazo establecido.

Cómo funciona el régimen de compensación

El denominado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas establece que tanto Nación como provincias deben presentar informes técnicos que respalden la existencia y monto de las deudas a negociar. En caso de diferencias, se abre una instancia de negociación de hasta 180 días hábiles.

Desde el Ejecutivo remarcaron que "cada una de las partes será la responsable por las deudas y/o acreencias que ofrezca para negociar", dejando en claro la responsabilidad individual en la validación de los montos.

Además, el decreto limita la intervención de organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro a situaciones específicas, principalmente cuando existan conflictos judiciales en curso.

Provincias adheridas y nuevos plazos

Hasta el momento, ocho provincias ya se incorporaron al régimen: Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes. Sin embargo, el bajo nivel de adhesión motivó la extensión del plazo.

Para aquellas jurisdicciones que ya participan -o se sumen en esta nueva etapa- se amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 el tiempo para presentar la documentación que respalde las deudas incluidas en los acuerdos.

Durante ese período, las partes deberán avanzar en consensos bajo principios de "buena fe y lealtad federal", con el objetivo de cerrar acuerdos que permitan sanear las cuentas entre Nación y provincias.

De esta manera, el Gobierno busca acelerar un proceso clave para la reorganización fiscal, en un contexto donde las relaciones financieras entre los distintos niveles del Estado continúan siendo un punto central de la agenda económica.