Suben los impuestos a los combustibles y presionan los precios
Qué decidió el Gobierno nacional sobre los impuestos a los combustibles, cuándo comenzarán a regir los aumentos, dónde impactarán con más fuerza, por qué se segmentó la suba y cómo afecta a los precios en surtidor y a la inflación.
El Gobierno nacional volvió a actualizar los impuestos a los combustibles y sumó una nueva presión sobre los precios que pagan los automovilistas en los surtidores. La medida alcanza a las naftas y al gasoil, y fue oficializada mediante el Decreto 929/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La norma establece un incremento en los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, gravámenes que las petroleras trasladan de manera íntegra y automática a los valores finales. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Desde el Ejecutivo explicaron que, una vez más, se optó por segmentar la suba para morigerar su impacto en el índice de inflación que mensualmente informa el Indec. En ese sentido, se resolvió aplicar solo una parte de los aumentos pendientes durante enero de 2026 y postergar el resto para febrero. "La decisión apunta a dosificar el impacto de los ajustes tributarios sobre los precios finales", se desprende de los considerandos de la norma.
En términos concretos, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, las naftas tendrán un aumento de 17,291 pesos por litro en concepto de ICL y de 1,059 pesos por el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el incremento será de 14,390 pesos por ICL y 1,640 pesos por el impuesto ambiental, con un adicional diferencial de 7,792 pesos para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico.
Ese tratamiento diferencial vuelve a quedar explicitado en el decreto y alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe. Se trata de un esquema histórico que busca compensar mayores distancias, costos logísticos y condiciones climáticas adversas.
La Ley 23.966 fija que estos impuestos se actualicen trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor, pero desde hace años esos ajustes se aplican de manera diferida. El propio decreto reconoce que aún quedan pendientes actualizaciones correspondientes a 2024 y a los primeros trimestres de 2025, y que el nuevo cronograma traslada el impacto total recién a partir del 1° de febrero de 2026.
Desde el Gobierno sostienen que, si bien los impuestos están legalmente actualizados, es necesario administrar su aplicación para no afectar el consumo, la logística y los costos de producción en un contexto económico que todavía busca consolidar la estabilidad.

