Tensión Nación-Provincia: crecen los cruces por la intervención del puerto de Ushuaia
Continúan los cruces entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego tras la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por un plazo de 12 meses. La medida, publicada en el Boletín Oficial, asigna al Estado nacional la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal marítima, generando un fuerte rechazo desde el gobierno provincial, que adelantó acciones judiciales y cuestionamientos públicos al argumento oficial.
El Gobierno dispuso la intervención luego de detectar, según los informes oficiales, presuntas irregularidades financieras, desvíos de fondos y deficiencias operativas e infraestructura en el puerto fueguino, lo que motivó la decisión de que el Estado nacional asuma el control administrativo por al menos un año.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 de la ANPyN, publicada en el Boletín Oficial, y contempla la administración de la infraestructura, equipos y gestión portuaria, con miras a regularizar las condiciones de seguridad y operación del puerto, un punto estratégico tanto para la región austral como para el turismo de cruceros que transita la zona.
Además, aunque la resolución incluye la suspensión de la habilitación del puerto por 12 meses, la ejecución de esa sanción quedó pospuesta para no afectar la operatoria en plena temporada alta de cruceros, según explicaron fuentes oficiales.
Rechazo de Tierra del Fuego y respuesta política
Desde el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, encabezado por Gustavo Melella, rechazaron de plano la intervención y calificaron la decisión como arbitraria, injustificada y una vulneración de la autonomía provincial.
En un comunicado oficial, la administración fueguina sostuvo que no existen razones objetivas claras que respalden la intervención y que la decisión presenta "contradicciones" internas en su propio texto, ya que dispone la inhabilitación y a la vez deja sin efecto esa misma sanción, lo que evidencia -según la provincia- una falta de coherencia técnica y jurídica.
El gobierno provincial adelantó además que evaluará llevar la disputa a la Justicia para frenar la intervención y defender su gestión de la terminal marítima, reclamando explicaciones y sosteniendo que la medida afecta la operatoria habitual del puerto y sus proyecciones económicas (Fuente: Perfil/El Diario Nuevo Día).
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