Tres días clave: apelan fallo que ordena ceder mayoría accionaria de YPF

En un giro inesperado para la economía nacional, una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York otorgó este martes una "suspensión temporal administrativa" al plazo para ejecutar la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF, controladas por el Estado, a los fondos bonistas que reclaman esa participación para saldar un fallo de USD16.100millones 

La medida se dictó para permitir que ambas partes presenten sus argumentos de forma ordenada. El cronograma establecido fija el 17 de julio como fecha límite para que Burford Capital y otros bonistas se opongan a una suspensión más extensa. Argentina, por su parte, tiene hasta el 22 de julio para responder.

Luego, un panel de tres jueces evaluará si mantiene el freno al fallo mientras avanza la apelación de fondo.

Este respiro de al menos una semana suspende la obligación inmediata de ceder el paquete accionario, lo que implica una victoria temporal para el gobierno, que había iniciado una apelación urgente meses atrás. 

El fallo original, dictado por la jueza Loretta Preska, apuntaba a compensar a los fondos Petersen y Eton Park, que detentarían los derechos de los demandantes tras la expropiación de YPF en 2012.

Argentina argumenta que entregar las acciones violaría su soberanía, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y la Constitución nacional, que exige aprobación legislativa para este tipo de traslados.

Además, sostiene que la transferencia sería irreversible incluso si gana la apelación. En tanto, los bonistas insisten en que la expropiación benefició a Repsol en desmedro de inversores minoritarios .

Este litigio no solo tiene un impacto económico inmediato -por el valor estratégico de YPF en Vaca Muerta y en las reservas financieras del país-, sino que también representa un desafío jurídico internacional, con consecuencias políticas internas al nebuloso debate sobre la soberanía energética y la deuda externa.

Qué sigue:

• 17 de julio: los bonistas presentarán su postura contra una extensión de la suspensión.

• 22 de julio: Argentina ofrecerá su defensa.

• Posteriormente, los jueces decidirán si mantienen el freno al fallo hasta que la apelación de fondo sea resuelta, un proceso que podría extenderse hasta 2026.

Este respiro le da al Gobierno tiempo para avanzar en su defensa legal, mientras el país respira aliviado ante la posibilidad de evitar un impacto inmediato en su economía y en el control de su principal petrolera estatal. (Nuevo Día)