Un año sin respuestas: Nahuel Gallo sigue detenido y Argentina denuncia desaparición forzada

Este domingo se cumple un año de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, un caso que escaló hasta convertirse en un conflicto diplomático entre los gobiernos de Argentina y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la denuncia presentada por la familia y por la administración de Javier Milei, Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país desde la frontera con Colombia para visitar a su esposa y su hijo.

Desde ese momento, el gendarme permanece bajo custodia del Estado venezolano, señalado por presunta vinculación a "acciones terroristas" y "espionaje", cargos calificados como infundados por el gobierno argentino. La situación derivó en una presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI), encabezada por el embajador Diego Sadofschi, donde se denunciaron "violaciones a los derechos humanos" y se solicitó el arresto de Maduro y Diosdado Cabello.

El testimonio de la familia: meses de silencio y versiones contradictorias

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, relató que durante los primeros meses recibió explicaciones confusas por parte de funcionarios venezolanos. En julio, el fiscal Tarek William Saab le dijo que la detención "había sido un error" y que se trataba de un "conflicto diplomático". Sin embargo, lejos de mejorar, la situación empeoró.
Gómez confirmó que su marido permaneció detenido en la cárcel de El Rodeo, en las afueras de Caracas, hasta que en agosto debió regresar a la Argentina junto a su hijo. "Mi intención era volver con Nahuel, como lo habíamos planificado", afirmó.

En septiembre, la madre del gendarme, Griselda Heredia, pidió por la liberación de su hijo y relató su preocupación ante la escalada militar en el Caribe. Según su testimonio, consultó a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le transmitió "tranquilidad" y aseguró que el Estado argentino estaba "haciendo lo posible".

Acciones internacionales y denuncias por desaparición forzada

El gobierno argentino elevó la situación de Gallo a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Allí planteó que se trata de una detención arbitraria e ilegal, que incluso podría constituir un caso de desaparición forzada y un "delito de lesa humanidad", dada la ausencia de información clara sobre su paradero, las condiciones de reclusión y los cambios constantes en su situación procesal.

A un año del arresto, Gallo seguiría detenido en una cárcel de máxima seguridad cercana a Caracas, adonde habría sido trasladado en julio de 2025. Tanto su familia como el gobierno argentino insisten en que no hay garantías judiciales ni claridad sobre su estado físico y emocional.

La causa, lejos de cerrarse, continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral entre Buenos Aires y Caracas.