US$18.000 millones y el control de YPF: la pulseada que enfrenta Argentina

Argentina intentará detener un fallo judicial que la obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. En las próximas horas, los abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que representan al país, presentarán una solicitud ante el juzgado de la jueza Loretta Preska, en el distrito sur de Nueva York, para frenar la medida. Alegan que es jurídicamente impracticable, ya que requeriría una ley del Congreso argentino con mayoría agravada, algo políticamente inviable bajo el actual gobierno de Javier Milei.

En caso de que Preska no acceda al pedido, Argentina recurrirá a la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde también se espera la resolución del fallo de fondo emitido en septiembre de 2023. Ese fallo determinó que los demandantes tenían derecho a una oferta pública de adquisición similar a la realizada a Repsol durante la reestatización de 2012, y le impuso al país un pago de US$16.000 millones, que hoy asciende a más de US$18.000 millones con intereses.

Desde el Gobierno se percibe cierta decepción por la actuación del estudio jurídico, que asesora a la Argentina desde 2015. Si bien se admite que el contexto era adverso, se critica que no se haya anticipado el alcance del fallo que habilita a los fondos a avanzar sobre las acciones de la petrolera.

El litigio se originó en 2015 a partir de la compra, por parte de Burford Capital, de los derechos de litigar de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, ligadas a la familia Eskenazi. Estas compañías, que ya habían abandonado el proyecto, quedaron en bancarrota en España tras la reestatización. Burford trasladó la causa a Nueva York, al tribunal donde Argentina enfrentaba a los fondos buitre.

La jueza Preska basó su decisión en que YPF cotiza voluntariamente en la Bolsa de Nueva York, lo que implica aceptar la legislación local. A su entender, la ley de renacionalización de 2012 no respetó el estatuto de la empresa aprobado en 1993, que exigía una OPA por el total de acciones ante cualquier operación de adquisición mayoritaria.

Burford Capital, un fondo especializado en litigios millonarios, compró la causa por menos de US$30 millones y vendió el 15% en 2017 por US$440 millones. Se desconoce quién es el nuevo actor involucrado, pero podría tratarse de fondos buitre, accionistas de YPF o incluso particulares.

Argentina continuará defendiendo su posición en todas las instancias judiciales posibles, aunque el margen de maniobra es estrecho y las consecuencias económicas y políticas del caso podrían ser profundas para el país.