Vialidad: Cristina no deberá pagar una demanda de $22.300 millones por inacción del gobierno nacional
La Justicia Civil confirmó la caducidad de una demanda contra la expresidenta por inacción de Vialidad en el reclamo. En paralelo, sigue decomiso en la penal.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal dejó firme un fallo que beneficia a Cristina Kirchner, quien ya no deberá pagar un resarcimiento de $22.300 millones que el Estado le reclamaba en una demanda civil por la causa Vialidad. Según informó el diario Clarín, la decisión se tomó por la inactividad procesal de la parte demandante, es decir, del propio Gobierno a través de Vialidad Nacional.
La decisión de los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, en un voto dividido, confirmó la sentencia del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, que declaró la "caducidad de la instancia". La defensa de la expresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado la medida argumentando que no hubo avances en el expediente desde marzo de 2023.
Caducidad por inacción procesal
El argumento central del fallo es que la parte demandante, Vialidad Nacional, no impulsó nuevas medidas durante el plazo de seis meses que contempla el Código Procesal. Según supo Noticias Argentinas, a pesar de que el organismo estatal intentó justificar la demora, los jueces consideraron que "el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023", por lo que correspondía dar por caído el proceso.
El fallo remarca que la caducidad busca "evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia".
El decomiso de la causa penal sigue activo
Es crucial distinguir que este fallo corresponde a la causa civil iniciada para reparar el daño económico de las obras no terminadas. La decisión no afecta en absoluto a la causa penal.
En los tribunales de Comodoro Py, el proceso de ejecución patrimonial correspondiente al decomiso de bienes por $685.000 millones, fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, continúa su trámite de forma independiente y se mantiene activo.
NA
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