YPF: Argentina presentará escrito clave para evitar entregar acciones en EE.UU.
Argentina presentará este martes 22 de julio un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF. El país intenta frenar los efectos del fallo de la jueza Loretta Preska, en medio de un contexto judicial más favorable y con apoyo del gobierno de Estados Unidos.
El martes 22 de julio, Argentina presentará un nuevo escrito judicial ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. Se trata de un paso central para sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, una medida ordenada previamente por la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.
La estrategia legal apunta a extender el freno a la ejecución del fallo mientras se resuelve la apelación de fondo. Hasta ahora, la suspensión solo rige durante las presentaciones procesales actuales. Con este nuevo pedido, el país busca evitar desprenderse de las acciones en plena disputa judicial.
Cambio de postura y apoyo inesperado
El escenario dio un giro luego de que los beneficiarios del fallo manifestaran que no pretenden quedarse con las acciones de YPF. Sin embargo, exigieron que Argentina deposite una garantía para continuar el proceso de apelación. Esta postura fue acompañada por un "amicus curiae" presentado por el gobierno de Estados Unidos, que respalda la posición argentina, lo cual generó un cambio positivo en el clima judicial.
En este contexto, el país busca ganar tiempo y evitar el riesgo de incumplir con la orden judicial. De ser rechazada la presentación, se reactivaría el fallo de Preska, lo que implicaría una obligación inmediata de cumplir con la entrega de activos o enfrentar posibles sanciones.
Riesgos de desacato y consecuencias económicas
El peligro más importante ante un rechazo judicial es una eventual declaración de desacato. Si bien este concepto no aplica directamente a los Estados soberanos, puede derivar en sanciones económicas, multas y un nuevo deterioro de la imagen internacional del país. A su vez, impactaría negativamente en las relaciones con organismos de crédito y dificultaría el acceso al financiamiento externo.
La cifra en juego no es menor: el fallo obliga a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, un monto que supera ampliamente las reservas netas del Banco Central. Por eso, la estrategia procesal cobra una dimensión política, financiera y diplomática de primer nivel.
