YPF: el juicio que podría costarle al país US$18.500 millones

Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos litigiosos del caso YPF, busca una salida negociada al juicio que enfrenta a Argentina por la forma en que se reestatizó la petrolera en 2012. Tras el fallo de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York, que habilita a Burford y otros fondos a quedarse con el 51% de las acciones estatales de YPF, el fondo sabe que su valor real en el mercado -alrededor de US$6.000 millones- es sensiblemente menor a los US$16.000 millones que el fallo reconoce como compensación.

Por eso, los asesores financieros de Burford ofrecen negociar con el gobierno argentino la emisión de bonos para saldar la deuda, con un período de gracia y condiciones más accesibles que una ejecución inmediata del fallo. Sin embargo, desde la administración de Javier Milei niegan rotundamente esa posibilidad. Aseguran que, legalmente, aún resta agotar todas las instancias del sistema judicial estadounidense, y financieramente, el país no tiene la capacidad de afrontar semejante compromiso, ni siquiera en cuotas.

Actualmente, la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y si el fallo resulta adverso -algo que se espera-, Argentina recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta estrategia, aunque difícilmente revierta la sentencia, tiene como fin ganar tiempo y postergar cualquier negociación hasta fines de 2026.

Cualquier intento de acuerdo también enfrenta un obstáculo político: debería ser aprobado por el Congreso Nacional, ya sea a través de una emisión de deuda o con la cesión de acciones de YPF, algo impensado en el actual contexto parlamentario. La resistencia a una salida rápida se basa, además, en normas éticas internas que exigen a los funcionarios agotar todos los recursos antes de comprometer pagos multimillonarios.

Burford, que ya vendió parte de la causa en tramos muy rentables -por ejemplo, en 2017 vendió el 15% por US$440 millones tras haber adquirido el total por apenas US$30 millones-, contrató al argentino Gerardo "Gerry" Mato para explorar vías extrajudiciales. Mato ya se habría reunido con actores clave en la City porteña y analistas políticos locales, buscando un eventual punto de entrada para un acuerdo con el Estado.

La demanda original la iniciaron las quebradas Petersen Energía e Inversora, exsocias minoritarias de YPF, y se fundamenta en que el Estado nacional no lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de recuperar el control de la petrolera, violando estatutos bursátiles establecidos en los años 90.

Mientras tanto, el juicio sigue su curso y la deuda -que con intereses y punitorios podría alcanzar los US$18.500 millones- continúa creciendo. La estrategia del gobierno es clara: resistir, apelar y postergar. El desenlace, por ahora, parece lejano.