Municipalidad de Caleta fue intimada a desalojar edificio por no pagar alquiler

El Departamento Ejecutivo del municipio de esta ciudad fue intimado a desalojar en dos meses el edificio donde funciona la Secretaría de Planeamiento por no haber pagado el alquiler durante 22 meses. Paralelamente, la justicia dispuso el secuestro de dos vehículos para acreditarlos a la deuda que oscila en los 700 mil pesos.

miércoles, 23 de octubre de 2013 · 00:00

Caleta Olivia (agencia) La comuna ocupa la planta alta del edificio ubicado en la céntrica esquina de las calles 25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen, propiedad de  Verónica Carrasco. Allí funcionan varias oficinas que fueron alquiladas durante la gestión de Fernando Cotillo, en cuyo transcurso -salvo algunas breves demoras- la propietaria no tuvo inconvenientes con el pago del alquiler.
Los problemas comenzaron inmediatamente después de que José Córdoba asumiera la intendencia y el 24 de diciembre de 2011 renovara el contrato hasta el 31 de diciembre de 2012 (es decir que ya está vencido), pero además nunca pagó un solo peso, según afirmó ayer a Diario Patagónico la abogada de la propietaria, Sonia Garabentos.
La noticia fue inicialmente dada a conocer por FM Radio 21, que además reveló que en el marco del proceso legal el Juzgado Civil y Comercial, que se encuentra a cargo de Eduardo Isla, dispuso el secuestro de dos vehículos de la flota municipal, un automóvil Volkswagen Power y una camioneta Fiat Strada, a favor de la demandante, con autorización de remate para cancelar parte de la deuda.
Por su parte, al ser consultado por este diario, el secretario de Gobierno, Osvaldo Cabrera, admitió la existencia de la deuda y la demanda judicial, pero aseguró que ya se había alcanzado un acuerdo con la propietaria y que además el municipio esperaba recuperar de un momento a otro los vehículos secuestrados, uno de los cuales estaba afectado a la Secretaría de Obras Públicas.

DESMENTIDA
Los dichos del funcionario fueron desmentidos a través de Diario Patagónico por Garabentos, quien además dejó expresamente sentado que ella era la única persona que está al frente de la demanda por encargo de su cliente (Verónica Castro), la cual actualmente reside en otra ciudad.
La abogada también relató los sucesivos pasos legales que se hicieron para poder cobrar la deuda, los que comenzaron a los dos meses de renovado el contrato mediante un apercibimiento de pago, al que la comuna no contestó.
Meses después, ella misma concurrió a hablar con el secretario de Hacienda, Gustavo Barboza, a fin de solicitarle que instrumente un plan de pago por la mora ya que de lo contrario la comuna podría verse involucrada en un embargo de cuentas.
Según la abogada, Barbosa le contestó que hiciera lo que quisiera porque por ley las cuentas municipales no pueden ser embargadas.
“Yo entiendo que no se pueden embargar fondos que están destinados  a sueldos de empleados, pero ello no tiene nada que ver con lo referente a cuentas de proveedores”, dijo Garabentos.
En consecuencia, luego de un tiempo prudencial, la propietaria del inmueble decidió iniciar acciones legales con la intervención del Juzgado Civil y Comercial que recientemente dispuso el secuestro de dos vehículos para compensar parte de la deuda.
Además, la dueña del edificio intimó al municipio a desalojar la planta alta, otorgándole un plazo de dos meses.